La puesta en marcha de la regularización extraordinaria en España ha dejado una estela de alivio que convive con un sedimento de incertidumbre. Aunque el propósito es rescatar de las sombras administrativas a cientos de miles de vidas, la vulnerabilidad ha mutado en una paradoja cruel: ahora es el peaje obligatorio y el único salvoconducto hacia la ciudadanía.

El conflicto cristaliza en la exigencia de certificar documentalmente la propia precariedad. Hay una contradicción amarga en el hecho de que, dentro de un Estado garantista, la vulnerabilidad deba ser certificada mediante un examen........

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