La campaña presidencial de Abelardo de la Espriella giró en torno a un paquete de 90 decretos que emitirá en su primer día de mandato, incluyendo uno para declarar emergencia económica y gobernar con facultades extraordinarias. Además, en su programa de gobierno prometió estabilizar el sistema de salud y recuperar el control total del territorio durante los primeros 90 días después de su posesión.

El Centro de Estudios e Incidencia – Valor Público de la Universidad Eafit reunió a varios investigadores para explicar los principales problemas de Colombia y proponer acciones concretas que el próximo presidente debería ejecutar en sus primeros cien días de mandato o en un mediano plazo. Para conocer qué tanto coincide De la Espriella con lo que plantean los académicos, La Silla Académica comparó sus promesas con la hoja de ruta que Valor Público construyó para cada problemática. Aquí puede ver la hoja de ruta.

El desequilibrio entre ingresos y gastos persiste sin un choque económico (como la pandemia) que lo justifique. El endeudamiento sigue aumentando de forma estructural y las tasas de interés son cada vez más altas. Las metas de recaudo del gobierno suelen ser “optimistas” y los recursos del presupuesto no se ejecutan de la manera más eficiente ni se evalúan más allá del cumplimiento cuantitativo.

Para los investigadores, la prioridad a corto plazo debe ser recuperar la credibilidad del marco fiscal “de acuerdo con la normativa vigente del presupuesto” y mediante las “discusiones del Congreso de la República”. Empezar un gobierno declarando emergencia económica, como propone Abelardo, podría aumentar la incertidumbre y que los mercados vean más riesgoso prestarle al país y exijan tasas de interés más altas.

En el primer año, la estrategia debería enfocarse en “identificar ineficiencias, duplicidades y rigideces” para mejorar la calidad del gasto. Propuestas como el saneamiento fiscal de choque o reducir el aparato estatal en 40% comparten los mismos objetivos, pero toman caminos diferentes y deberían pasar por una “Comisión Independiente de Revisión del Gasto Público” —con participación de la academia, el sector privado y el gobierno— en lugar de simplemente desmantelar el Estado. El Estado colombiano ya es pequeño y un recorte del tamaño que propone De la Espriella necesitaría una reforma constitucional.

En 2025 la tasa de homicidios en Colombia fue 17 puntos más alta que el promedio mundial. En 2024 la extorsión creció 21%, las hectáreas de coca llegaron a su máximo histórico y el desplazamiento forzado aumentó frente a años anteriores. Esto pasó en medio de la paz total de Gustavo Petro, que tuvo como gran problema la falta de un marco jurídico sólido que garantizara el sometimiento de estos grupos. 

De la Espriella propone “recuperar la seguridad de todo el territorio nacional en 90 días”, un “Plan Colombia II” y, una de las más comentadas, la construcción de megacárceles. Varias de estas ideas coinciden con el diagnóstico, pero fallan en cómo se ejecutarían. Las megacárceles, por ejemplo, implican un gasto que el país no puede asumir ahora mismo y, aunque aliviarían el hacinamiento, no reducen la reincidencia, que requiere rediseñar el modelo penitenciario —no solo endurecer las penas— y es clave para mejorar la seguridad.

Sobre el Plan Colombia II,........

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