Antes de ser candidato presidencial, Abelardo De La Espriella fue el abogado de personas que terminaron condenadas por parapolítica, corrupción, estafa y lavado de activos. 

De esas defensas judiciales que, a su estilo volvió mediáticas, han escrito periodistas, columnistas de opinión y activistas digitales. Son publicaciones sobre su rol de abogado en estafas como las de DMG; en escándalos de corrupción como el “cartel de la toga”; o de su cercanía con el señalado testaferro del régimen venezolano, Álex Saab. También de episodios como las interceptaciones ilegales del gobierno Uribe. 

Desde 2017, cuando ya empezaba a hablar de una aspiración política, De La Espriella emprendió una estrategia atípica para defender su nombre ante esas publicaciones. A diferencia del procedimiento usual, en el que se solicita a los periodistas o columnistas una retractación o luego se instaura una acción de tutela por el derecho al buen nombre buscando la modificación de los contenidos, el penalista acude a juzgados civiles y a la Fiscalía. 

En la revisión de La Silla, solo aparecen dos tutelas. En cambio, hay 28 demandas civiles y, según la Fiscalía, entre 2008 y 2019 existían 109 casos en los que De la Espriella era denunciante por los delitos de calumnia e injuria. Esos casos penales son una caja negra pues están bajo reserva. Pero reportes del despacho de De La Espriella señalan que hay 22 denuncias penales contra periodistas, columnistas y activistas.  

Los demandas civiles, en cambio, ofrecen una ventana más detallada de los motivos y la estrategia de hoy candidato. “Me he dado cuenta que nada le duele más a ese periodismo independiente que el bolsillo”, dijo De La Espriella sobre ese camino que emprendió. La pretensión es obligarlos, por un lado, a que eliminen sus publicaciones y le pidan disculpas y, por el otro, a que le paguen millonarias indemnizaciones por supuestos perjuicios a su nombre.

Como demandante civil ante la prensa ha perdido más de lo que ha ganado. En su victoria única hasta ahora logró probar un caso en el que un columnista no fue riguroso. En otras decisiones consiguió que desaparezcan contenidos o se embargue a los autores. 

En los que ha perdido, los jueces no encontraron perjuicios a su imagen, ponderaron el ejercicio periodístico y la libertad de expresión. Además le han advertido que en su profesión como litigante asumió una exposición pública que debe tolerar opiniones y cuestionamientos. 

La Silla revisó más de 100 documentos y audiencias y habló con varios de los demandados para entender cómo ha funcionado la estrategia legal de De La Espriella. El abogado y el bufete del candidato no contestaron preguntas.  

El frente civil que amenaza el bolsillo

Las demandas civiles de Abelardo De La Espriella se presentan en juzgados ordinarios. Las lidera Carlos Sánchez, concuñado del candidato, y tienen el respaldo de De La Espriella Lawyers, una empresa que dice tener más de 100 abogados en todo el país.  

Inicialmente los jueces revisan que se cumplan los requisitos, como notificar al demandado del caso, ahí proceden a una audiencia de conciliación y si no la hay pasan a una etapa de valoración de pruebas para determinar si hay o no daño. 

En sus casos, De La Espriella siempre pide que mientras haya una decisión de fondo los jueces apliquen medidas cautelares como conseguir anotaciones de posibles embargos en los bienes o propiedades que están a nombre de sus demandados. Eso restringe que, durante los procesos, esas propiedades puedan ser comercializadas. 

Así, por ejemplo, logró que jueces registraran anotaciones de embargo en una casa del periodista Ignacio Gómez, un inmueble del columnista Carlos Cortés, un vehículo de la reportera Cecilia Orozco o una propiedad del periodista Julián Martínez. 

En medio del trámite, Abelardo de La Espriella expone a los jueces por qué en su entender las publicaciones de columnas de opinión, informes periodísticos o trinos en Twitter afectan su reputación y le generan un daño económico. 

Dice, por ejemplo, que siente “congoja, angustia, o molestia” cuando ve esas publicaciones. Señala que eso repercute en los negocios de su empresa De La Espriella Lawyers porque sus clientes le preguntan por esas publicaciones. 

A esas audiencias lleva a los empleados del bufete para confirmar esos supuestos perjuicios. “Gritaba por esas noticias, le generaba mal genio, cancelaba citas y pedía reprogramar su agenda del día porque en su sentir en las varias columnas de la demandada se usaron términos fuertes”, dijo Carolina Duarte, una asistente de De La Espriella, en el juicio contra Cecilia Orozco.

También lleva a las personas que manejan las redes sociales de su bufete para que digan cuántos retuits, me gusta y comentarios tiene los trinos desde donde hablan sobre él. 

Y cuando acude a las audiencias finales donde los jueces están listos para dirimir, De La Espriella cuestiona la labor periodística. “Los periodistas no pueden seguir creyendo que están en un trono moral reemplazando a los jueces. Para administrar justicia están ustedes los jueces. Los periodistas se han abrogado competencias que no tiene”, dijo en una audiencia contra el columnista Ian Schnaida. 

Las demandas de responsabilidad civil contra periodistas, columnistas y activistas, son relativamente nuevas en el repertorio judicial de los abogados colombianos. De La Espriella se abroga ser uno de los pioneros, dice que el modelo lo trajo de Estados Unidos donde vio cómo periodistas tuvieron que pagar millonarias indemnizaciones por hablar de ciertos temas y personajes. 

“Las dos primeras condenas por responsabilidad civil en Colombia las sacó este pechito”, dijo en entrevista con José Manuel Acevedo en RCN. 

De los 28 procesos de responsabilidad civil que revisó La Silla, en solo uno hay una condena en firme, con la que consiguió una indemnización que no se ha pagado por parte del columnista Jorge Gómez Pinilla. En cinco ya perdió, en ocho retiró la demanda, en seis no hay avances y el resto están sin concluir.

Más derrotas que victorias

Cecilia Orozco, columnista de El Espectador, exdirectora de Noticias Uno y hoy periodista de la revista Raya, financiada por el gobierno Petro, fue de las primeras en ganarle pleitos a De La Espriella.  El abogado la demandó por unas columnas entre 2015 y 2018 en las que la reportera habló de........

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