Mientras el debate electoral avanza entre emociones, alianzas y cálculos, seis centros de pensamiento acaban de poner sobre la mesa algo menos estridente, pero potencialmente más transformador: un paquete concreto de reformas normativas aplicables desde el primer día del próximo gobierno. Bajo el nombre de Colombia Progresa 2630, ANIF, el Consejo Privado de Competitividad, CREE, Así Vamos en Salud, CERAC y la Fundación para el Estado de Derecho presentan una hoja de ruta que no se limita al diagnóstico, sino que identifica leyes, decretos y ajustes regulatorios específicos para ejecutar cambios en inclusión financiera, competitividad, energía, salud y seguridad.

En un país fatigado por la permanente confrontación política, este documento recuerda  que para gobernar se necesitan ideas y que una fuente confiable y  práctica de esas ideas proviene de la llamada ‘tecnocracia’.

La palabra ha sido injustamente caricaturizada en los últimos años. Para algunos, tecnócrata equivale a insensibilidad social; para otros, a burocracia elitista. Pero en democracias complejas como la colombiana, la tecnocracia es un método para hacer las cosas realidad. Es la capacidad de traducir principios políticos en reglas operativas, metas medibles y ejecución. Es lo que separa la promesa  rimbombante de plaza o de red social de la política pública real.

Colombia enfrenta hoy múltiples crisis superpuestas: un sistema de salud con tensiones financieras graves, un sector energético con desequilibrios fiscales y regulatorios, una transformación de la violencia que exige rediseño institucional, una estructura productiva atrapada en baja inversión, crecimiento débil y  baja productividad. El actual gobierno ha privilegiado la narrativa y la confrontación sobre la ingeniería fina del Estado. El resultado es un deterioro en ejecución, confianza e institucionalidad. ¡Qué paradoja que una administración de izquierda que promueve mayor intervención estatal, prive, en muchos áreas, al aparato ejecutor de su músculo técnico.

El valor distintivo del documento Colombia Progresa no está en su diagnóstico —que en buena parte es compartido por otros analistas y expertos— sino en su énfasis en la aplicabilidad inmediata. Para ello, provee una arquitectura normativa detallada que identifica el instrumento jurídico idóneo para cada reforma.

El espacio de esta columna es insuficiente para una presentación y análisis detallado.  En inclusión financiera, por ejemplo, Anif propone ajustes concretos al cálculo del interés bancario corriente, evolución hacia un esquema integral de datos abiertos y reforma estructural al mercado de capitales. En competitividad, el Consejo Privado de Competitividad plantea una agenda de eficiencia normativa basada en interoperabilidad, depuración permanente de normas y fortalecimiento del control ex post inteligente.

En energía, el CREE advierte que 2026 será un punto de quiebre e insta a actuar simultáneamente en expansión de oferta, saneamiento financiero y rediseño realista de la transición. En salud, Así Vamos En Salud  plantea estabilización inmediata de liquidez y preservación técnica del modelo de aseguramiento, combinando corto con mediano y largo plazo. En seguridad,  CERAC  postula una arquitectura integral que combina disciplina fiscal con modernización judicial, desmantelamiento de grupos criminales y reorganización policial. Por último, la Fundación para el Estado de Derecho  reivindica la depuración y modernización regulatoria como una herramienta institucional para un marco regulatorio más simple, claro y  adaptado a los problemas.

Es importante reconocer que ninguna de estas propuestas es incuestionable. Se puede discrepar de cada recomendación, de los supuestos técnicos o de las prioridades sectoriales. De hecho, esa controversia es bienvenida en una democracia vibrante. Pero el debate público debería girar en torno a las soluciones que estas propuestas buscan para problemas sociales reales —financiación del sistema de salud, productividad, formalización laboral, acceso a servicios, modernización institucional— y no en torno a eslóganes superficiales o al culto al caudillo. La calidad de una democracia se prueba no solo en elecciones, sino en la profundidad con la que sus ciudadanos y sus líderes debaten sobre cómo resolver los grandes desafíos del país.

Lo que une estas propuestas es algo más que el contenido sectorial: es la reivindicación del Estado como máquina técnica capaz de ejecutar. La tecnocracia no sustituye la política; la hace posible. Sin cuadros técnicos, análisis de impacto normativo y coherencia regulatoria, cualquier mandato electoral se diluye en improvisación, como lo hemos experimentado en años recientes.

Aquí surge una pregunta clave para la campaña de 2026: ¿incorporarán los candidatos punteros estas ideas en sus programas de gobierno? Las campañas tienden a evitar el detalle técnico porque no moviliza masas. Sin embargo, gobernar exige ese detalle. Las propuestas ofrecen una ventaja estratégica: permiten pasar del eslogan al plan.

Además, hay un argumento político que no debe subestimarse. En un ambiente de polarización, los think tanks pueden funcionar como puentes de credibilidad. Incorporar propuestas técnicas no es ceder agenda; es fortalecerla. Un candidato que adopte parte de estas recomendaciones enviaría una señal de responsabilidad fiscal, previsibilidad regulatoria y respeto institucional.

El retorno de la tecnocracia significa reconocer que las transformaciones sociales requieren diseño cuidadoso, evaluación de impacto y sostenibilidad fiscal. En un país con restricciones crecientes, improvisar en 2026 es un lujo que no podemos permitirnos.

La democracia necesita emociones para movilizar, pero necesita tecnócratas para gobernar. Las reformas estructurales no se ejecutan con consignas, sino con normas, presupuestos y cronogramas. Como lo afirmó el ex gobernador de Nueva York Mario Cuomo: “Se hace campaña en poesía, se gobierna en prosa”. Colombia Progresa es prosa de primer nivel.

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