Román D. Ortiz es investigador visitante del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown, Estados Unidos.

Como no podía ser de otra forma, el debate de seguridad en Colombia ha sido apagado por el terremoto que golpeó al país justo después de la toma de posesión de Abelardo de la Espriella. En cualquier caso, se trata de una pausa solo temporal. Dos razones hacen inevitable que la seguridad vuelva a ocupar el centro de la discusión. Por un lado, el país está urgido de una respuesta a una expansión de la actividad criminal que probablemente se agudice en la estela del caos y la miseria creados por el seísmo. Por otra parte, el éxito o fracaso del nuevo gobierno dependen de su capacidad para recuperar el orden público. La campaña de De la Espriella hizo de la seguridad su promesa insignia y el presidente está obligado a cumplir a riesgo de perder apoyo político rápidamente.

En realidad, se conoce poco de la política de seguridad de De la Espriella más allá de algunas promesas que resonaron entre los electores —escalar los bombardeos contra los grupos armados ilegales, fumigar cultivos de coca y construir “megacárceles”— pero que no contestan la pregunta fundamental: ¿cuál es la estrategia para proteger a la población, debilitar los grupos armados y restaurar el control del Estado sobre el territorio? Cualquiera de las medidas mencionadas – bombardeos, fumigación o cárceles – pueden ser una pieza dentro de una estrategia; pero no resuelven en sí mismas el problema. De forma que, más allá de anuncios más o menos rimbombantes, la incógnita permanece.

La falta de concreción del nuevo gobierno alimenta las sospechas de que su visión del enorme reto de seguridad que enfrenta el país está basada en algunos malentendidos y visiones equivocadas que pueden conducir a un brutal choque de la política de seguridad de la “Patria Milagro” con la realidad estratégica. Aquí van las cinco dudas más graves que suscita la visión de la seguridad de una administración que está obligada a enfrentar un escenario extraordinariamente complejo.

1. No solo es el conductor. También es el carro

Durante la campaña electoral y posteriormente ya en el gobierno, el presidente De la Espriella ha explicado la calamitosa situación de seguridad y las deficiencias de la Fuerza Pública con el reconfortante argumento de que todo se debe a la incompetencia y la falta de interés, cuando no el frenesí saboteador, de su antecesor en el cargo, Gustavo Petro. Lo cierto es que la realidad es más compleja. La situación de las Fuerzas Militares y la Policía ha empeorado sustantivamente tras los últimos 4 años; pero sus problemas vienen de antes y el gobierno De la Espriella no ha mencionado cómo planea abordarlos. En otras palabras, el problema no viene únicamente de quien manejó el “carro” de la seguridad en los pasados años, sino del estado del aparato militar y policial en sí mismo.

Dentro de la lista de deficiencias, los desequilibrios del presupuesto de la Fuerza Pública ocupan el lugar número uno. De acuerdo con el ex-ministro de Defense, Pedro Sánchez, el gasto de personal del sector para 2026 llegaba hasta el 79% de su presupuesto total a lo que se debía sumar otro 6% para cubrir litigios frecuentemente asociados a problemas de recursos humanos. Incluso si se ignoran otras partidas menores como las asignadas a gastos financieros, esto significa que los 65,8 billones de pesos destinados a la defensa solo incluyen 9,9 para operaciones e inversión. Estos dos rubros – dedicados a compras de equipo, repuestos, municiones, combustible y otros recursos de funcionamiento – son claves para que policías y militares puedan actuar. Sin ellos, el tamaño de la fuerza es irrelevante porque pierde su capacidad para desplegarse, proveer seguridad o combatir. Un aparato de seguridad sin presupuesto de inversión y operaciones es solamente un inmenso plan de empleo, una masa de personal sin los medios para actuar.

Para hacer las cosas peores, el gasto de personal crece orgánicamente, es decir, aumenta de forma automática. Salarios y pensiones deben actualizarse con la inflación mientras que nuevos militares y policías se integran en la nómina para reemplazar a aquellos que pasan al retiro que, a su vez, engordan el gasto en pensiones. Esta dinámica explica que el presupuesto de defensa crezca todos los años sin mejora visible de la efectividad de la Fuerza Pública. Hay más dinero para salarios y pensiones; pero menos para operaciones.

Sin duda la administración Petro ha hecho mucho por llegar a este callejón sin salida. La decisión de garantizar el salario mínimo a los jóvenes que se incorporan al servicio militar obligatorio pudo ser socialmente justificable y políticamente rentable; pero hizo mucho por hacer la Fuerza Pública insostenible en términos presupuestarios. Sin embargo, el problema viene de mucho atrás. Tras la caída del precio del petróleo en 2014, que había sido clave para financiar la........

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