El reciente decreto de emergencia del Gobierno colombiano (0173) que somete a tributación a las instituciones privadas de educación superior revive una narrativa que en los últimos años ha ganado espacio en el debate público: la idea de que estas instituciones son “ricas” y operan como “negocios de particulares”. Gravar a las IES privadas no es únicamente una decisión fiscal orientada a atender necesidades coyunturales del país. Es, sobre todo, una declaración política que revela una profunda incomprensión sobre la naturaleza jurídica, social y constitucional de la educación superior en Colombia. Nuestro sistema es mixto por diseño constitucional (público y privado) al servicio de un mismo bien público, el derecho fundamental a la educación.

Conviene empezar por lo esencial. La educación superior no es una mercancía. La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, establece con........

© La República