Los grupos políticos Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País acaban de aprobar una ley para que policías y militares sean juzgados en el fuero militar cuando cometan delitos comunes en actos de servicio; por ejemplo, según la ley aprobada, un policía detiene a un ciudadano, lo traslada a una delegación policial, lo ultraja y lo tortura hasta matarlo. La investigación y el juzgamiento por dichos crímenes serán de competencia de sus propios colegas, porque será juzgado en el fuero militar-policial.

Hace poco tuvimos noticia de que una patrulla del Ejército, en Acobamba, había acribillado a balazos a cinco jóvenes que venían de hacer deporte; el fiscal y el juez penal de la zona han intervenido y, fruto de ello, los militares que participaron están detenidos en tanto culmina la investigación penal.

Esta nueva ley aprobada por estos grupos políticos (Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Acción Popular y Avanza País) nos lleva a preguntarnos si asesinar, extorsionar, robar, torturar y ultrajar son actos delictivos propios de la función castrense. Definitivamente no. La intervención militar y policial no está orientada a cometer delitos comunes y, en caso de que ello suceda, quienes delincan tendrán que ser sometidos al juzgamiento y sanción ante la justicia ordinaria, donde concurren todos los que cometen delitos comunes, al margen de que sean civiles, policías o militares.

Dicho en otras palabras, los representantes de los citados grupos políticos se han convertido en los verdugos de los derechos y garantías de los ciudadanos frente a la comisión de delitos comunes que podrían cometer policías y militares; digo verdugos porque se determinará su responsabilidad penal ante sus “colegas”, en una institución altamente jerarquizada y con un fuerte espíritu de cuerpo, como sucede en la vida castrense.

La norma aprobada dice........

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