La construcción del Estado peruano ha sido un proceso histórico complejo, marcado por una tensión permanente entre los esfuerzos de institucionalización y las tendencias recurrentes hacia la inestabilidad política, la personalización del poder y la discontinuidad administrativa. Jorge Basadre vio en el “Estado empírico” uno de los males de la vida pública nacional. Esta mirada, en gran medida, sigue vigente. Con algunas excepciones. Quizás la más notoria es la del Servicio Diplomático, que a lo largo de dos siglos ha consolidado una importante institucionalidad. En 200 años de vida independiente, esa institucionalidad ha sido vulnerada. Durante los gobiernos de facto de Manuel A. Odría, en 1948, y de Alberto Fujimori, la más grave, entre 1992 y el 2000.

La ruptura del orden constitucional en 1992 significó la concentración del poder político, la subordinación de instituciones públicas a decisiones discrecionales del Ejecutivo y el debilitamiento de los mecanismos de control democrático. Dentro de ese proceso, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Servicio Diplomático no permanecieron ajenos. La separación ilegal y arbitraria de 117 diplomáticos constituyó el episodio más grave de afectación de la institucionalidad diplomática peruana. Una institución profesional del Estado fue intervenida para quedar crecientemente subordinada a los intereses coyunturales del poder político.

La restauración democrática iniciada en el 2000 llevó a una reflexión institucional sobre las garantías que debían establecerse para impedir la repetición de experiencias semejantes. Se dispuso la reintegración de los diplomáticos cesados. Se desarrolló un proceso de verdad y reconciliación en torno a las propias responsabilidades institucionales en el cese.

El ministro de Relaciones Exteriores (Allan Wagner) y yo mismo, como viceministro, hicimos público, al........

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