Vuelve y juega contra la Rama judicial. El gobierno de Petro, al expedir el Decreto 030 de 2026 -que disminuyó en cerca de $17 millones los salarios de los congresistas-, no calculó que con su decisión afectaba de manera directa los ingresos de jueces, fiscales, procuradores y otros servidores judiciales, modificando en la práctica el régimen salarial fijado en la Ley 4 de 1992.

Debe recordarse que esta ley fue el resultado de una lucha histórica de la Rama judicial en el marco de la Constitución de 1991, cuando empezó a jugar un rol esencial en la reconfiguración del Estado de derecho en Colombia. La norma prohíbe expresamente desmejorar salarios y prestaciones y ordena respetar los derechos adquiridos de los servidores del Estado, tanto del régimen general como de los regímenes especiales. Como lo ha reiterado la Corte Constitucional, estos derechos adquiridos constituyen “situaciones jurídicas consolidadas que no........

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