La exigencia de mayor seguridad de nuestras comunidades es legítima y urgente ante una criminalidad que muta y nos golpea sin tregua. Tradicionalmente, la respuesta del Estado ha sido reactiva: más agentes de policía en las calles, blindaje tecnológico y patrullajes reforzados.

Sin embargo, quienes gobernamos desde las regiones entendemos una cruda realidad: la guerra contra el delito no se gana únicamente con fuerza pública si las puertas giratorias de la impunidad siguen abiertas. El verdadero talón de Aquiles de nuestra seguridad está en la crisis estructural de nuestro sistema judicial.

El próximo Gobierno nacional heredará un desafío colosal. No se trata de un problema nuevo, sino de una deuda histórica institucional que se ha acumulado a lo largo de los años.

El sustento de esta afirmación proviene de un........

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