En mis veinte años como representante sindical en la Policía Nacional, he podido comprobar en numerosas ocasiones el empecinamiento de la Administración en mantener determinadas decisiones incluso cuando los tribunales venían señalando reiteradamente que no eran correctas.

Los policías nacionales hemos tenido que reclamar durante años derechos relacionados con la turnicidad durante las vacaciones o incapacidad temporal, indemnizaciones por vestuario, retribuciones correspondientes al desempeño de puestos de superior categoría y otras cuestiones que, lejos de resolverse administrativamente, terminaban demasiadas veces ante los tribunales.

El procedimiento casi siempre era parecido. El funcionario formulaba su reclamación; la Administración la rechazaba y, si quería continuar, no le quedaba otro camino que acudir a la Justicia, la mayoría de las veces con el respaldo de su organización sindical. Meses, cuando no años, de escritos, recursos y procedimientos hasta que finalmente llegaba una sentencia que, en numerosos casos, reconocía aquello que se había solicitado desde el principio.

¿Quién respondía entonces por haber obligado al funcionario a recorrer todo ese camino? Prácticamente nadie. Las costas, cuando se imponían, las pagaba la Administración, es........

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