Hay crisis que un país arrastra durante décadas porque son demasiado costosas de resolver en términos políticos. La minería ilegal en el Perú es una de ellas. No porque el Estado carezca de instrumentos normativos —los tiene.

El diagnóstico es conocido, pero conviene repetirlo con precisión jurídica. La minería ilegal moviliza cerca de doce mil millones de dólares anuales, destruye ecosistemas protegidos con reconocimiento constitucional, financia el tráfico de personas y de armas, contamina cuencas hidrográficas enteras con mercurio y cianuro, y opera en todas las regiones del país con cadenas logísticas sofisticadas que se apoyan —deliberadamente— en infraestructura formal.

No es una actividad marginal ni una expresión de pobreza sin alternativas. Es crimen organizado con maquinaria pesada, tratarla como si fuera un problema de pequeños mineros, a estas alturas, una mentira políticamente conveniente. Antes de hablar de políticas, es necesario recordar el piso normativo que las debe sostener.

La Constitución Política del Perú establece en su artículo 66 que los recursos naturales,........

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