Hablar del caso Cecilia Monzón es hablar de una herida abierta en la democracia mexicana y, al mismo tiempo, de una prueba decisiva para el sistema de justicia. Desde su asesinato en 2022, el proceso ha concentrado tensiones profundas: la violencia política, la captura de instituciones locales por redes de poder y la capacidad real del Estado para garantizar justicia y no repetición.

El caso deja varios sinsabores.

El primero es que no se trató de un hecho imprevisible. Fue la culminación de un patrón de violencia contra una mujer que denunció, litigó e incomodó a actores poderosos en Puebla. Cecilia expuso abusos, documentó prácticas de violencia y sostuvo una batalla legal visible. Difícil olvidar aquel “en vivo”, con las puertas cerradas, esperando la judicialización de carpetas por violencia familiar, poco antes de ser asesinada.

El segundo sinsabor, menos explorado en la opinión pública, es el mensaje criminal y su impacto democrático. No fue sólo un feminicidio: fue un atentado contra la participación política, la libertad de expresión y la defensa legal. El núcleo del crimen fue silenciar a una mujer que ejercía activamente su ciudadanía.

El tercero es el comportamiento de la clase política. Tras el asesinato, el llamado a la justicia fue unánime en los........

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