La discriminación no es un hecho aislado. Es parte de una deuda histórica con las personas con discapacidad.

El caso de la diputada Graciela Chipana Condori, quien enfrenta un proceso judicial por presunta discriminación contra un niño de tres años con autismo, debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda.

No se trata únicamente de una denuncia ni de una persona. La justicia deberá establecer las responsabilidades correspondientes. Pero este caso nos obliga a mirar una realidad que miles de familias peruanas conocen demasiado bien.

En el Perú, tener una discapacidad todavía puede significar enfrentarse a puertas cerradas, oportunidades negadas y derechos que existen en el papel, pero que resultan difíciles de ejercer.

Durante los últimos veinte años hemos visto pasar gobiernos, ministros, congresistas y autoridades que anuncian compromisos con la inclusión. Se han aprobado leyes, elaborado planes y realizado campañas de sensibilización. Sin embargo, demasiadas familias siguen preguntándose cuándo esas promesas se convertirán en servicios y apoyos reales.

¿Cuántos niños con autismo continúan encontrando barreras para ingresar a una escuela?

¿Cuántos jóvenes terminan sus estudios y descubren que no existen oportunidades para continuar........

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