En octubre del año pasado, una diputada del estado de Sinaloa interpuso una denuncia por violencia política de género contra una servidora pública del Instituto de la Mujer. Su acusación se sustentaba, entre otros elementos, en capturas de pantalla de conversaciones privadas de WhatsApp, aportadas por un tercero, en las que la servidora pública denunciada cuestionaba la legitimidad de la diputada para ocupar el cargo, atribuyéndolo a su condición de mujer y su orientación sexual.

En noviembre, el tribunal electoral local declaró la inexistencia de infracciones. La denunciante impugnó la resolución ante una Sala Regional del tribunal electoral federal, la cual revocó la resolución y ordenó emitir una nueva. El tribunal sinaloense así lo hizo. Su nueva resolución reiteró la inexistencia de........

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