La ruta judicial en el caso del Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME) cuyo CEO era Pablo Varela, entró en una fase decisiva para miles de ahorradores afectados, que ahora comienza a perfilarse como un proceso tangible de justicia.

Hace unos días dentro del concurso mercantil 18873/2025, se dictó la sentencia que declaró en estado de quiebra a la sociedad financiera popular, una resolución que no sólo confirma la inviabilidad de la institución, sino que activa todos los mecanismos legales para su desmantelamiento, liquidación y eventual pago quizá parcial a los acreedores. Se trata del punto de no retorno.

La sentencia ordena la apertura formal de la etapa de quiebra, la designación de un síndico donde se señala a Alfonso Ascencio Triujeque y, de manera inmediata, la suspensión de la capacidad de la empresa para administrar sus bienes y derechos. En términos estrictamente de negocio, esto significa la extinción operativa de CAME: deja de ser una entidad financiera activa y se transforma en una masa patrimonial sujeta a administración judicial. El alcance de la resolución es amplio, técnico y profundamente invasivo en la estructura de la empresa. El juzgado ordena a administradores, gerentes, dependientes y cualquier persona vinculada a la operación entregar al síndico la posesión y administración de todos los bienes y derechos que integran la masa concursal, con excepción únicamente de aquellos que por ley son inalienables, inembargables o imprescriptibles. La instrucción no se limita a activos tangibles: incluye libros contables, papeles, documentos, medios electrónicos de almacenamiento,........

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