El pasado 16 de abril dio comienzo el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes que, de forma unilateral y sin consultas con la oposición, ha puesto en marcha el Gobierno de Pedro Sánchez. Pese a que los criterios para acceder a esa regularización son haber residido en España antes del 1 de enero de 2026 y acreditar al menos cinco meses de estancia continuada, la falta de concreción ante los trámites, la documentación que se debe aportar y la falta de funcionarios para asumir la avalancha de solicitudes está ocasionando la imagen de larguísimas colas de personas esperando, días incluso, el acceso a una cita para formalizar los trámites.

Las críticas ante este caos generado por el Gobierno no vienen solo del lado de los partidos de la oposición, llegan también desde los sectores implicados, unos por la falta de formación de los funcionarios, pues se ha habilitado a ONG para dichos procedimientos, o incluso desde los sectores próximos a la Policía, que alertan de la falta de rigor y posibilidad de verificación de la documentación que se debe aportar.

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