El anunciado «tsunami» de regularizaciones de cientos de miles de inmigrantes vuelve a situar al Gobierno ante una disyuntiva tan delicada como recurrente: conjugar la voluntad política con la capacidad real de la Administración. Según las advertencias del sindicato CSIF, el plan, tal y como está concebido, amenaza con desbordar unos servicios públicos que ya operan al límite, generando más incertidumbres que soluciones.

No se trata solo de cuestionar el fondo del debate migratorio –que también–, sino la forma de solucionarlo. Un proceso que podría atraer más de un millón de solicitantes en apenas tres meses exige algo más que buenas intenciones. Requiere planificación, recursos y, sobre todo, realismo. Hoy, sin embargo, ni siquiera está claro cómo se reforzarán las plantillas, qué papel jugarán las distintas administraciones implicadas o si se recurrirá a la externalización de funciones sensibles. El riesgo es evidente. La concentración masiva de solicitudes en oficinas ya tensionadas –desde Extranjería hasta la Seguridad Social– puede derivar en un colapso administrativo con efectos en cadena: retrasos, errores en la tramitación y una merma en la calidad del servicio al conjunto de los ciudadanos. A ello se suma la incertidumbre sobre la gestión de datos personales, especialmente si se opta por delegar tareas en entidades externas sin las debidas garantías. Tampoco ayuda la aparente improvisación en el diseño operativo. Que unidades clave desconozcan aún la carga de trabajo o los recursos disponibles revela una preocupante falta de coordinación. Más llamativo resulta que oficinas que después deberán gestionar renovaciones queden al margen del proceso inicial. Una regularización masiva no es solo una decisión política, es un desafío logístico de enorme envergadura. Ignorar esta dimensión no solo pone en riesgo su eficacia, sino también la confianza en las instituciones. Gobernar implica anticiparse no improvisar, como hace siempre este Gobierno.

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