El proceso electoral de 2027 tendrá un desafío que va mucho más allá de la disputa entre las fuerzas políticas del país: impedir que el crimen organizado y grupos de poder encuentren espacios para intervenir en las elecciones, financiar campañas, establecer compromisos con candidatos o convertir gobiernos municipales en piezas de su estructura territorial.

No es una preocupación nueva, pero la dimensión de las elecciones del próximo año —donde se elegirán 17 gubernaturas, se renovará el pleno de la Cámara de Diputados, 31 congresos locales y más de 2 mil presidencias municipales y sus cabildos, en total más de 20 mil cargos de elección popular— ha obligado a las autoridades a colocarla desde ahora entre las prioridades del Estado mexicano.

Será una elección enorme y profundamente territorial, y es precisamente en los territorios donde las organizaciones criminales tienen mayor capacidad para ejercer presión sobre autoridades, partidos y candidatos.

Disciplina fiscal y crecimiento: ¿falso dilema?

Por eso, nos aseguran, el gobierno federal ya tiene en marcha un esquema de coordinación con las autoridades electorales para blindar el proceso y cerrar espacios a cualquier intento de infiltración en candidaturas y campañas durante la elección federal intermedia del próximo año y las concurrentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum ya ha colocado públicamente el tema sobre la mesa. En mayo pasado, su gobierno planteó la........

© La Razón