El cumplimiento de las condenas laborales por parte de las empresas extranjeras en la Venezuela de 2026

por Edgard Simon Rodriguez 31/10/2026, 11:32 AM

Los casos de Baker Hughes, Halliburton, Smartmatic, Julius Baer, Maersk y Telefónica, en el contexto de la apertura económica de 2026

Edgard Simón Rodríguez

La apertura económica iniciada en Venezuela en 2026 ha puesto en primer plano una cuestión que hasta ahora había recibido escasa atención: la situación de las empresas extranjeras, o de capital extranjero, que han sido condenadas por los tribunales venezolanos con competencia en materia del trabajo y que, sin haber satisfecho esas condenas, mantienen operaciones en el país, se disponen a retomarlas o proyectan retirarse de él.

Este trabajo aborda tres cuestiones. La primera, cuál es el régimen jurídico que gobierna la ejecución de las condenas laborales y qué consecuencias acarrea su incumplimiento para el patrono deudor. La segunda, cómo se ha desenvuelto la ejecución de esas condenas en los casos más relevantes —Baker Hughes, Halliburton, Smartmatic, Julius Baer, Maersk y Telefónica—, que comparten el rasgo de involucrar grupos empresariales multinacionales cuya relación con Venezuela se encuentra en plena redefinición. La tercera, cuál debe ser la respuesta del Estado, con independencia del gobierno que ejerza el Poder Ejecutivo, cuando esas empresas pretendan permanecer, regresar o salir del país sin haber cumplido las sentencias firmes dictadas en su contra. El análisis se funda en la Constitución, en la legislación laboral, procesal, administrativa y sectorial vigente, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en las actuaciones judiciales que constan en los expedientes respectivos y en información pública. Las fuentes se identifican mediante numeración correlativa y se relacionan al final del texto. El análisis no comprende el reconocimiento y la ejecución de las sentencias venezolanas en el extranjero, materia regida por el derecho de cada Estado requerido.

El análisis se funda en la Constitución, en la legislación laboral, procesal, administrativa y sectorial vigente, en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, en las actuaciones judiciales que constan en los expedientes respectivos y en información pública. Las fuentes se identifican mediante numeración correlativa y se relacionan al final del texto. El análisis no comprende el reconocimiento y la ejecución de las sentencias venezolanas en el extranjero, materia regida por el derecho de cada Estado requerido.

II.  ANTECEDENTES: LA APERTURA ECONÓMICA DE 2026

A partir de enero de 2026, el Estado venezolano ha adoptado un conjunto de reformas dirigidas a atraer inversión extranjera, entre ellas la Ley de Reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, publicada en la Gaceta Oficial N° 6.978 Extraordinario del 29 de enero de 2026 [1]; su Reglamento, dictado mediante el Decreto N° 5.381 y publicado en la Gaceta Oficial N° 7.052

Extraordinario [2]; y una nueva ley de minas aprobada en abril de 2026 [3]. Esas reformas operan en el marco de las licencias generales emitidas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos [2], que en agosto de 2026 se extendieron al sector de las telecomunicaciones [4].

La cuestión examinada trasciende cualquier coyuntura. Con independencia del gobierno que ejerza el Poder Ejecutivo, y aun ante la llegada de un nuevo gobierno, el cumplimiento de las condenas laborales firmes —las ya dictadas y las que se dicten en el futuro— debe exigirse como condición para que las empresas condenadas puedan continuar operando en Venezuela o regresar a operar en el país. Por esa razón, el presente análisis se apoya en normas vigentes y no en las políticas de un gobierno determinado.

En este contexto, diversas empresas multinacionales que habían reducido o cesado sus operaciones han anunciado su regreso, mientras otras han decidido su salida. Varias de ellas mantienen condenas laborales pendientes, dictadas por tribunales venezolanos en procesos en los que comparecieron, se defendieron y ejercieron todos los recursos disponibles. La tensión entre el interés público en la recuperación de la actividad productiva y el derecho de los trabajadores al cobro de sus créditos constituye el objeto de esta opinión.

III.  EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA EJECUCIÓN DE LAS CONDENAS LABORALES

A.  El fundamento constitucional

La Constitución dispone que el salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata, que toda mora en su pago genera intereses, los cuales constituyen deudas de valor y gozan de los mismos privilegios y garantías de la deuda principal (artículo 92); que los derechos laborales son irrenunciables y que es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique su renuncia o menoscabo, siendo posible la transacción y el convenimiento solo al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley (artículo 89, numeral 2); y que corresponde a los órganos del Poder Judicial ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias (artículo 253) [5]. El derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 26, comprende el derecho a que lo decidido se cumpla.

De esas normas se siguen dos consecuencias de la mayor relevancia. La primera es que la ejecución de una condena laboral no constituye una facultad discrecional del Estado, sino un deber constitucional de los órganos jurisdiccionales. La segunda es que el crédito pertenece al trabajador: ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial pueden disponer de él, condonarlo o diferirlo

indefinidamente como contrapartida de una inversión, de un acuerdo diplomático o de la reactivación de un sector económico.

B.  El procedimiento de ejecución y el poder cautelar

El artículo 180 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo dispone que, cuando la sentencia o un acto equivalente a ella haya quedado definitivamente firme, la ejecución forzosa se llevará a cabo al cuarto día hábil siguiente si dentro de los tres días hábiles que lo preceden no ha habido cumplimiento voluntario, y que, si no se lleva a cabo en esa oportunidad, el tribunal fijará por auto expreso una nueva oportunidad [6]. El artículo 183 remite, en lo no previsto, al Título IV del Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, que regula el embargo ejecutivo y el remate [7].

Antes de la sentencia definitiva y durante la ejecución, el juez dispone además del poder cautelar general: las medidas preventivas proceden cuando existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (artículo 585 del Código de Procedimiento Civil), y el juez puede acordar las providencias cautelares que considere adecuadas cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (artículo 588, parágrafo primero) [8]. La salida de flujos y activos del territorio nacional, la venta de filiales o la transferencia de equipos a terceros son circunstancias que, en los casos aquí examinados, pueden configurar ese riesgo.

El avocamiento, regulado en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, permite a las Salas del Tribunal Supremo atraer causas que cursan ante otros tribunales en supuestos excepcionales [9]. Su naturaleza extraordinaria impide que se convierta en un mecanismo ordinario para paralizar la ejecución de condenas firmes.

C.  La unidad económica

El artículo 46 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), en concordancia con el artículo 22 de su Reglamento, establece que existe un grupo de entidades de trabajo cuando estas se encuentran sometidas a una administración o control común, y presume su existencia, salvo prueba en contrario, cuando concurren circunstancias como el dominio accionario común, la integración de los órganos de dirección por las mismas personas, el uso de una misma denominación, marca o emblema, o el desarrollo conjunto de actividades que evidencien su integración [10, 11]. La Sala de Casación Social ha declarado que las empresas del grupo asumen una obligación solidaria e indivisible respecto de las acreencias laborales y que el trabajador puede obtener el pago de cualquiera de ellas o de todas [10].

La Sala Constitucional, en la sentencia N° 903 del 14 de mayo de 2004 (caso Transporte Saet), precisó que, cuando la unidad económica es la razón de ser del grupo, este queda obligado por una obligación indivisible, y que en materias de orden público, como la laboral, la sentencia puede abarcar a miembros del grupo que no hayan sido mencionados como demandados ni citados, siempre que su pertenencia al grupo quede acreditada [12]. Esta doctrina tiene una consecuencia directa para el objeto de este trabajo: un grupo multinacional condenado como unidad económica no puede eludir la condena operando en Venezuela a través de una sociedad distinta de la que figuró como empleadora directa.

D.  La tercerización y la sustitución de patrono

La LOTTT prohíbe la tercerización, entendida como la simulación o el fraude cometidos por los patronos con el propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral, y establece la responsabilidad solidaria del beneficiario cuando la actividad contratada es de la misma naturaleza o está estrechamente relacionada con la suya [13]. Estas reglas cobran especial relevancia cuando una empresa condenada continúa su actividad a través de intermediarios.

El artículo 66 de la LOTTT regula, a su vez, la sustitución de patrono, que existe cuando por cualquier causa se transfiere la propiedad, titularidad o explotación de una entidad de trabajo y la actividad continúa; la Sala de Casación Social ha precisado que sus presupuestos son la transmisión de la propiedad, titularidad o explotación, la continuidad de la actividad económica y la continuidad de la prestación de servicios por los trabajadores [14]. La institución tiene por finalidad, precisamente, que la transferencia de una empresa no se convierta en un medio para burlar los créditos laborales.

E.  La solvencia laboral y la contratación con el Estado

La Resolución N° 9.108 del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo, que regula el Registro Nacional de Entidades de Trabajo (RNET), define la solvencia laboral como el cumplimiento por parte de las entidades de trabajo de todas sus obligaciones con los trabajadores y con los organismos de la seguridad social (artículo 10), y dispone que los órganos, entes y empresas del Estado solo podrán celebrar contratos, convenios o acuerdos con patronos inscritos y solventes (artículo 11) [15].

Entre las causales que generan de manera automática la insolvencia laboral, el artículo 15 de la Resolución incluye el incumplimiento de las decisiones definitivamente firmes dictadas por los tribunales con competencia en materia laboral o de seguridad social. La insolvencia revoca de pleno derecho el certificado de solvencia previamente emitido hasta que se subsane su causa; solo

en casos excepcionales de interés público nacional puede otorgarse una dispensa temporal, con un plazo para regularizar la situación [15, 16, 17].

Este régimen tiene una importancia práctica que con frecuencia se soslaya. El retorno de las empresas aquí examinadas se produce, en buena medida, mediante contratos con PDVSA, con empresas mixtas o con entes portuarios del Estado. Si el patrono condenado no ha cumplido la sentencia, su insolvencia laboral es una consecuencia reglada y no discrecional, y el ente estatal contratante se encuentra impedido de contratar con él mientras esa situación subsista, salvo las dispensas temporales y condicionadas que la propia Resolución contempla [15].

F.  La legislación de inversión extranjera

La Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva impone a los inversionistas extranjeros los deberes establecidos por la normativa laboral, comercial, ambiental y de seguridad integral de la Nación (artículo 31); les exige una conducta empresarial responsable (artículo 32); los somete a la legislación nacional vigente en materia mercantil, laboral, tributaria y aduanera (artículo 35, numeral 10); permite suspender o revocar el registro de la inversión y los beneficios otorgados en caso de incumplimiento (artículo 39); y sanciona la omisión o contravención de sus deberes con multa de hasta el dos por ciento de la inversión total realizada y con la eventual suspensión de las condiciones favorables, beneficios o incentivos (artículo 43) [18]. Mientras no sea sustituida por otro instrumento, sus normas rigen el registro de las inversiones de las empresas que regresan, y el incumplimiento de condenas laborales firmes encuadra en la contravención de los deberes previstos en sus artículos 31 y 35.

G.  La legislación de hidrocarburos de 2026

La reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos permite a empresas privadas domiciliadas en el país ejecutar actividades primarias mediante contratos con empresas estatales (artículo 23), crea contratos para el desarrollo de actividades primarias en los que la empresa privada asume el costo y el riesgo del proyecto, previa evaluación de su idoneidad y capacidad técnica y financiera (artículo 40), y exige asegurar la idoneidad y capacidad del accionista minoritario al que se atribuyan funciones de gestión en las empresas mixtas (artículos 36 y 38) [1]. Su Reglamento distingue entre empresas de exclusiva propiedad de la República, empresas mixtas con participación estatal mayoritaria y empresas privadas domiciliadas en Venezuela que contratan con entes estatales [2].

La ley no enumera criterios específicos de cumplimiento laboral [1]. Sin embargo, la idoneidad de un contratista o socio es un concepto jurídico indeterminado que la Administración debe integrar con el resto del ordenamiento. Un operador que mantiene condenas laborales firmes incumplidas y que figura como insolvente en el RNET difícilmente puede ser calificado como

idóneo para contratar con el Estado, y la prohibición del artículo 11 de la Resolución N° 9.108 opera en todo caso con independencia de esa evaluación [15].

H.  El sector bancario

La actividad de las instituciones del sector bancario en Venezuela está sometida a la autorización y supervisión de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SUDEBAN), conforme al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Instituciones del Sector Bancario [19]. Toda autorización de esa naturaleza comporta una evaluación de la solvencia, la honorabilidad y el historial regulatorio del solicitante, en la que el incumplimiento de sentencias firmes de los tribunales del país es un elemento de juicio insoslayable.

IV.  LAS CONDENAS LABORALES CONTRA EMPRESAS EXTRANJERAS EN LA JURISPRUDENCIA RECIENTE

La línea jurisprudencial desarrollada por la Sala de Casación Social entre 2018 y 2025 sobre las obligaciones laborales en moneda extranjera se construyó, en buena parte, en litigios contra empresas multinacionales o de capital extranjero. Esos fallos no solo fijaron reglas sobre el pago en divisas: dejaron establecidas condenas concretas a favor de trabajadores venezolanos, cuyo cumplimiento no consta en fuentes públicas. El Anexo I relaciona las decisiones de mayor relevancia.

Un rasgo común de esos litigios merece ser destacado. En varios de ellos, las empresas condenadas agotaron no solo los recursos ordinarios y la casación, sino también las vías extraordinarias: Baker Hughes solicitó la revisión constitucional de al menos dos fallos de la Sala de Casación Social [20, 21]; Julius Baer solicitó la revisión de la decisión sobre la jurisdicción [22]; y Halliburton obtuvo el avocamiento de las causas en fase de ejecución [23]. El ejercicio de esos medios es legítimo, pero pone de manifiesto que el problema no radica en la falta de oportunidades de defensa, sino en la resistencia al cumplimiento una vez agotadas.

Baker Hughes de Venezuela, S.C.P.A. fue condenada en varios juicios laborales que dieron lugar a pronunciamientos de referencia en la materia. Por sentencia N° 269 del 8 de diciembre de 2021 (caso Quiroz Bravo y otros), la Sala de Casación Social sistematizó el régimen de las obligaciones laborales en moneda extranjera y condenó a la empresa al pago de conceptos

expresados en dólares, con intereses de mora [24]; por sentencia N° 036 del 15 de marzo de 2022 (caso Diógenes Castro y otros) reiteró ese criterio en otro juicio contra la misma empresa [25].

La empresa solicitó la revisión constitucional de la sentencia N° 269. La Sala Constitucional, por sentencia N° 666 del 7 de noviembre de 2024, ratificó la procedencia de los intereses moratorios sobre las obligaciones en moneda extranjera con base en las tasas fijadas por el Banco Central de Venezuela [20]. La empresa obtuvo, en cambio, la anulación parcial de la sentencia N° 047 del 7 de junio de 2021 de la Sala de Casación Social, en lo relativo a la corrección monetaria sobre montos en dólares; la Sala Constitucional ordenó en ese caso el cálculo de los intereses de mora a la tasa activa del Banco Central [21]. En ambos supuestos, la condena principal quedó en pie.

Baker Hughes no se retiró completamente del país y ha mantenido soporte técnico a productores autorizados; en enero de 2026 su dirección anunció una evaluación prudente de las oportunidades en Venezuela [26]. El 5 de octubre de 2026, la empresa anunció un acuerdo con PDVSA, con la empresa de ingeniería Lindsayca y con Fulcrum LNG para desarrollar infraestructura de procesamiento, transporte, comercialización y eventual exportación de gas natural, así como un acuerdo con New Stratus Energy para futuros proyectos de petróleo y gas [27].

El caso ilustra con nitidez la cuestión planteada. Una empresa condenada por los........

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