¿Quién decide qué parte de la crítica que recibe un gobierno es una opinión genuina y cuál es un ataque orquestado? La pregunta no es simple retórica. La semana pasada, la consejera jurídica de la presidencia, Luisa María Alcalde, fuera de sus facultades legales, presentó en la mañanera lo que llamó una “red de amplificación digital”: un esquema que agrupa a periodistas, políticos, cuentas anónimas y medio millón de cuentas automatizadas bajo la etiqueta de una operación contra el gobierno y la 4T. La respuesta que ofreció la funcionaria no es la que debería inquietarnos.

Lo que debería inquietarnos no es si existen cuentas automatizadas que amplifican mensajes contra el gobierno, ni la metodología con la que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal llegó a esa conclusión. Ese debate técnico corresponde a quien tenga los datos para sostenerlo. En cambio, inquieta quién tiene la........

© La Razón