El Departamento de Justicia de Estados Unidos, a través de la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York y la DEA, dio a conocer un comunicado en el que informa la acusación formal contra 10 funcionarios y exfuncionarios de alto nivel del estado de Sinaloa, entre ellos, el actual gobernador, Rubén Rocha Moya, por presuntos delitos de narcotráfico, corrupción y armas.

Autoridades estadounidenses sostienen que los señalados colaboraron durante años con el Cártel de Sinaloa, particularmente con la facción de Los Chapitos, hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Según el documento, los funcionarios habrían recibido sobornos millonarios a cambio de brindar protección al grupo criminal, facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y filtrar información sobre operativos de seguridad.

Voto de ministra del pueblo… ¿contra el pueblo?

El comunicado asegura que los acusados utilizaron sus cargos dentro del gobierno y corporaciones policiacas para proteger cargamentos de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetaminas, además de impedir investigaciones y detenciones contra integrantes del cártel. También se les acusa de permitir que el grupo operara con impunidad en Sinaloa.

Uno de los puntos más delicados de la acusación señala que Rocha Moya habría llegado al gobierno de Sinaloa con apoyo de Los Chapitos, quienes presuntamente intimidaron y secuestraron a rivales políticos durante el proceso electoral.

Hay que recordar que, días previos a la elección en Sinaloa, cuando Rubén Rocha fue electo en 2021, hubo reportes de personas armadas que habían tomado algunas casillas y trascendió que grupos criminales habían secuestrado a operadores de la oposición para que no estuvieran libres el día de la elección.

Lo cierto es que este hecho no se investigó, porque los afectados no presentaron denuncias, ya que también fueron amenazados para no denunciar. Hoy,........

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