Debe preocuparnos, sin duda, a todos los ciudadanos la grave situación por la que atraviesan las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La fuerte tensión migratoria que se soporta desde el pasado 30 de julio en el perímetro fronterizo de Ceuta amenaza con descomponer incluso hasta el mismo armazón jurídico que proporciona una protección humanitaria, que ni el errático Gobierno español ni las estrategias de presión de Rabat pueden ignorar.

En este sentido, el tratamiento de los menores extranjeros no acompañados (MENAS) y de los solicitantes de asilo no pertenece al ámbito de la discrecionalidad política de ningún Gobierno: constituye una obligación jurídica estrictamente legal tanto por el Derecho estatal y europeo como por las vigentes Convenciones internacionales de derechos humanos. En efecto, el pilar fundamental que sustenta la protección de los menores no acompañados es el principio del "interés superior del menor", consagrado en la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas y recogido, en ese mismo sentido, en la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor. De esta manera, desde una perspectiva estrictamente jurídica, cualquier menor que ingrese en el territorio de la Unión Europea deja de ser considerado........

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