En 1832, Alexis de Tocqueville escribía desde Nueva York las siguientes palabras: «La fuerza de los tribunales ha sido, en todos los tiempos, la más grande garantía que se puede ofrecer a la independencia individual». Hoy en día, los tribunales no son solo una garantía de protección y tutela de los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos, sino que, además, constituyen, fundamentalmente, un mecanismo de control del poder. Un control que se realiza, exclusivamente, dentro de los parámetros de la legalidad; y es precisamente en esta faceta de control de los poderes públicos donde la actividad judicial cobra, sin duda, mayor relieve y trascendencia en estos tiempos de confrontación y corrupción política.

Nuestra Constitución atribuye –de modo exclusivo y excluyente– la potestad jurisdiccional a los juzgados y tribunales. Potestad que se ejerce por jueces y magistrados en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, de conformidad a lo que disponen las normas de competencia y procedimiento. Desde este momento constitucional se puede hablar con propiedad de un auténtico poder «político» judicial. En efecto, la jurisdicción conforma uno de los poderes del Estado democrático, el poder judicial, que como tal........

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