Resulta altamente dañino, y peligroso, mantener un «régimen» que permite y protege los desmanes de gobernantes incluso cuando vulneran la ley. El objetivo de un gobierno debe ser la probidad y el servicio público, no el abuso o el provecho personal, pero España tiene un problema esencial: su cultura política, que tolera los excesos, descaros y hasta delincuencias de la clase gobernante. La financiación ilegal de los partidos es el cimiento básico de la corrupción institucional, pero que termina siendo social, porque lo que se hace desde arriba fluye hacia abajo y lo pervierte todo finalmente. Deberíamos superar esta (in)cultura de la impunidad del poderoso, que es un ultraje a la ciudadanía que paga impuestos, y exigir integridad, reclamando las reformas precisas. Tenemos un formidable problema de podredumbre política, que jamás había sido tan visible y manifiesto porque quizás nunca los efectos de la corrupción se dejaron sentir de forma tan hiriente sobre el contribuyente; por tanto, es preciso emprender unas transformaciones legales que garanticen la transparencia, comenzando por la contabilidad de los partidos. La financiación irregular de los partidos es la puerta grande por donde entra la corrupción, lleva aparejados siempre el tráfico de influencias, los contratos públicos amañados, el enchufismo, nepotismo, prevaricación… Tenemos derecho a saber de dónde viene el dinero que sostiene a los políticos y qué consecuencias acarrea. Es evidente que, sin dinero, actualmente resulta imposible realizar una carrera política de éxito. El dinero crea líderes, encumbra partidos, compra voluntades (y espacios publicitarios), aúna energías en aras de un objetivo… Sin fondos generosos, no hay triunfo político. Pero el «quid pro quo» significa: «Te doy algo a cambio de algo». Nadie ofrece dinero o recursos por nada. Las personas individuales o jurídicas (empresas) que ponen billetes para que alguien «haga carrera» en política, esperan el favor de vuelta. El primer paso para rehabilitar el ecosistema político español, sanearlo y democratizarlo, es que exista una voluntad política decidida a efectuar reformas que limiten el poder de los propios políticos y de sus partidos. (¡Casi nada!).

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