El presidente Fernando Clavijo, calzado con zapatillas deportivas, ayer en uno de los despachos del Parlamento de Canarias. / María Pisaca

Circula por Coalición Canaria una sutilísima brisa de estupor y preocupación. Algún que otro diputado del grupo parlamentario nacionalista lo alude un tanto crípticamente, otros asienten levemente con la cabeza, en ciertas miradas se aprecia un punto de desazón. Tal vez sería demasiado decir que a CC le duele España, porque definitivamente José Miguel Barragán no es Blas de Otero. Pero las relaciones entre el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España se han transformado en uno de los asuntos centrales de esta legislatura. Más concretamente: la voluntad acreditada de Pedro Sánchez y sus ministros de no ceder jamás a las reivindicaciones coalicioneras, y si lo hacen, simular que no se trata de ninguna cesión, porque el PSOE venía pensando en eso mismito desde los tiempos de don Julián Besteiro. Los dirigentes socialistas no están dispuestos a contribuir al fortalecimiento de CC como opción política, a legitimar un nuevo nacionalismo en mapa del poder español a través de diálogos, acuerdos, concesiones. Es indiferente que tales acuerdos y concesiones tengan perfecta cabida en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. El PSOE ya tiene que transar obligadamente con los nacionalistas vascos y catalanes de derecha y de izquierdas. Lo hacen incluso con los que estimularon y encabezaron una insurrección en Cataluña contra el orden constitucional. Pero no van a contribuir a tener que lidiar con otro nacionalismo en los próximos años y lustros. Porque, además, ese nacionalismo solo cuenta con un escaño en el Congreso de los Diputados y Moncloa y su prolongación, Ferraz, lo considera minoritario, débil, manipulable, casi prescindible. Un nacionalismo al que se puede vacilar sin graves costes políticos.

En realidad la conflictividad era (y es) inevitable. En 2018 se promulgó el nuevo Estatuto de Autonomía, que fortaleció competencial y normativamente a la Comunidad autónoma. Pero ocurrió un imprevisto: en 2019 los resultados electorales permitieron un Gobierno dizque de izquierdas, integrado por el PSOE, NC, Podemos y la ASG de Casimiro Curbelo, con un presidente socialista, Ángel Víctor Torres. Las reclamaciones para el desarrollo estatutario casi se paralizaron -basta con recordar la vergonzosa pleitesía de Torres en las transferencias del control de costas- porque el Gobierno central ya no era un agente político con el que negociar, sino un amoroso padre proveedor al que bastaba explicarle bien las cosas. Acabado el pacto de las flores la reivindicación para el pleno despliegue del Estatuto se reabre en 2023 en un ambiente político español más crítico e inestable que en 2018. Clavijo ha pretendido hacerlo, como con sus otras demandas (presupuestarias, financieras, institucionales), a través de lo que bautizó como «modo canario» de hacer política, que consiste en que el diálogo y la negociación sean al mismo tiempo un medio y un fin. Después de más de dos años y medio, algunos, en CC, comienzan a pensar que tal vez no haya otro camino, pero que quizás los resultados no sean los previstos. Y que los afanes pactistas de Clavijo resultan tan intensos y laboriosos que se superponen e intercalan unos sobre otros y el ciudadano encalla entre el despiste y la incomprensión. El pasado martes el presidente insistió en que además de los quince millones del Gobierno central, que Torres entregó como un ricachón de las novelas de Dickens entregaba un chelín a un hambriento, seguía reclamando la flexibilización de la regla fiscal, la autorización al recurso a la deuda pública, la consideración de las especificidades canarias en cualquier plan estatal de emergencia, la garantía de contar con combustible aéreo, el envío de cartas recordando todo esto a tres ministerios y a Pedro Sánchez. Pero el relato es confuso y el dominio del timing, uno de los talentos del equipo presidencial, básico para mantener el control de la agenda política, no parece tan satisfactorio como suele serlo. Es lo que introduce cierta dosis de zozobra entre dirigentes y diputados de CC. «¿Debemos romper definitivamente con Madrid? ¿Es bueno hacerlo en la antesala de una crisis económica de duración incierta? ¿Será productivo seguir intentado llegar a acuerdos sobre nuestras reclamaciones en un diálogo interminable que parece una exhibición de sadomasoquismo? ¿No terminarán nuestros votantes acusándonos de ser unos migajeros?».

Mientras tanto, por supuesto, el pleno siguió su curso. Uno de los momentos más divertidos fue la pregunta de Carmen Hernández, de Nueva Canarias, que descontextualizó puerilmente una declaración del presidente Clavijo sobre el 5% del PIB de gasto presupuestario en educación. Para Hernández -lo que hay que oír- está claro que Clavijo no comparte ese objetivo porque prefiere un pueblo ignorante, vaya usted a saber por qué tenebrosas razones. Seguramente por pura maldad. El consejero de Educación y Formación Profesional, Poli Suárez, le recordó que el Gobierno anterior no llegó al 5%, aunque estuvo cerca en 2020 y 2021. «¿Pero sabe por qué, señoría?», le preguntó Suárez zumbonamente. «Porque a consecuencia de la pandemia el PIB bajó acentuadamente en Canarias en 2020 y todavía en 2021 no se recuperó del todo». Hernández simuló escandalizarse mucho y gritaba que el consejero mentía, mentía como solo saben hacerlo los del PP. El socialista Miguel Ángel Pérez del Pino preguntó cómo atajar el número de pacientes sociosanitarios en los hospitales canarios. Lo malo es que no hay atajos. La consejera de Hacienda compareció y tanto ella como sus señorías repitieron con un celo admirable argumentos críticos, apologías y cifras ya repetidas sobre el próximo marco presupuestario europeo, la regla de gasto en 2025 y otras fruslerías en la que nos va la vida. Lo mismo pasa con la pobreza y los pobres argumentos al respecto de sus señorías. Uno sospecha que ya se fotocopian las intervenciones anteriores y tan contentos, que nadie les revisará las dietas. De lo mejor: la moción de Yaiza López Landi para que la Consejería de Cultura ordene y cumpla con los tiempos en las líneas de ayuda al sector cultural y la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo para implantar las camas elevables en los hoteles antes del 2033 (las ‘kellys’ gritaron desde la tribuna «¡viva la clase obrera!»). Lo peor: una oligofrénica PNL de Vox en materia agraria, que hablaba explícitamente de rebajar el IVA y de la importancia de las patatas, simplemente porque los ultras la habían copiado literal y estúpidamente de otra PNL presentada en la Península. Ni siquiera les alcanzó el resuello para poner ‘IGIC’ y ‘papas’. Los diputados se divirtieron bastante mientras Javier Nieto permanecía impávido en su escaño como en un catafalco azul. Claro que ¿cómo admitió esta burda patraña la Mesa de la Cámara?

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