El derecho internacional es una obra maestra de ingeniería normativa. Tan equilibrada, tan pulcra, tan cuidadosamente diseñada, que solo funciona cuando nadie la necesita. Es impecable para regular desacuerdos entre Estados razonables, con gobiernos que fingen cumplir las reglas y diplomáticos que les toca creer en ellas. Para el resto del mundo ofrece algo más modesto: tiempo, declaraciones y una preocupación y un lenguaje cuidadosamente calibrados.

Según sus principios, capturar por la fuerza a un jefe de Estado es inadmisible. Y, en abstracto, tiene razón. La soberanía, la inmunidad y la prohibición del uso de la fuerza existen para evitar que el sistema internacional se transforme en una cacería global de presidentes. Si cada potencia pudiera decidir qué gobernante merece ser sacado de su despacho, el derecho internacional sería apenas un prólogo incómodo antes de la violencia.

El problema es que el sistema sigue actuando como si todos los Estados siguieran siendo Estados. Como si algunos no se hubieran convertido en estructuras dedicadas a la exportación sistemática de miseria, crimen y desplazamiento humano. Como si la soberanía fuera siempre un principio y nunca una coartada.

Ocho millones de migrantes no son una discrepancia ideológica. Son un hecho geopolítico de marca mayor.........

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