Algo no cuadra en las facturas de servicios públicos. En edificios, conjuntos residenciales, comercios e incluso en hogares, el servicio de aseo está empezando a pesar tanto o más que servicios esenciales como el agua. Lo que debería ser un costo razonable por recoger residuos se está convirtiendo en una de las cargas más altas para los usuarios.A diferencia del agua, la energía o el gas, donde el usuario paga según lo que marca su medidor por su consumo, la tarifa del aseo no depende directamente de cuánto residuo genera cada persona. Su cálculo responde a una lógica distinta: se suman todos los costos del sistema -recolección, transporte, disposición final en rellenos sanitarios, barrido de calles, limpieza urbana, corte de césped y poda de árboles- y luego se distribuyen entre los usuarios. El problema es evidente: el ciudadano no paga por lo que produce, sino por un promedio general.En la práctica, esto significa que reducir residuos no garantiza pagar menos. Así, la factura deja de ser un reflejo del comportamiento individual para convertirse en un cobro colectivo que, en muchos casos, resulta desproporcionado. No es extraño, entonces, que hoy existan facturas de aseo que igualan o incluso superan el valor del servicio de acueducto, la energía o el gas. Pero la preocupación no es solo el monto, sino también la falta de claridad. El usuario recibe un valor final sin entender de cómo se calcula. No sabe cuántas toneladas de residuos se le están atribuyendo, qué tan eficiente es el operador del servicio ni cómo se distribuyen los costos. La tarifa opera como una “caja negra”: se paga, pero no se explica.A esto se suma el esquema de subsidios y contribuciones. Los usuarios de mayores ingresos, junto con los sectores comercial e industrial, no solo pagan su servicio, sino que asumen recargos adicionales de hasta el 67% para financiar subsidios a otros usuarios. Este principio de solidaridad es necesario, pero introduce una distorsión: el valor final de la factura deja de reflejar únicamente el costo del servicio. El sistema depende de un equilibrio frágil. Cuando los recursos no alcanzan o los subsidios crecen más rápido que las contribuciones, la diferencia termina trasladándose a la tarifa. Es decir, al usuario.Si existen ineficiencias en la prestación del servicio -como equipos obsoletos, costos administrativos elevados, altos costos de mano de obra o presiones de rentabilidad-, ¿terminan esos costos incorporándose en la tarifa que paga el usuario? El servicio de aseo está regulado por el Gobierno, que establece criterios de eficiencia y mecanismos de control, pero para el ciudadano común es prácticamente imposible verificar si esos criterios se cumplen.Lo que hoy estamos viendo es una señal de alerta sobre un modelo que necesita revisarse. Un sistema de servicios públicos no puede sostenerse únicamente sobre la base de cubrir costos y repartir subsidios; también debe ser comprensible, proporcional y verificable para quienes lo pagan. Cuando el usuario pierde la capacidad de entender su factura, pierde también la confianza en el sistema, lo que puede derivar en un rechazo social hacia el prestador del servicio. La discusión deja de ser cuánto cuesta barrer la ciudad y mantenerla limpia. La pregunta de fondo pasa a ser si lo que estamos pagando corresponde realmente a un servicio justo, eficiente y transparente, o a un sistema que se ha ido alejando del control ciudadano. La discusión sobre las tarifas del aseo no puede seguir aplazándose, debe darse de frente, con Emas, el Concejo, la Alcaldía y, sobre todo, con los usuarios, que son, en últimas, quienes sostienen el servicio... o el negocio.

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