Esta semana, la jueza María Lourdes Afiuni obtuvo la libertad plena. La notificación llegó a su familia donde declara la extinción de la pena de cinco años dictada en su contra y, con ella, la extinción de su responsabilidad penal. Su hermano Nelson y su abogada Thelma Fernández señalaron que la decisión cierra formalmente un caso que nunca debió existir.

Lo que le hicieron a una jueza, y por qué nos lo hicieron a todos

El 10 de diciembre de 2009, la jueza Afiuni concedió libertad bajo fianza al banquero Eligio Cedeño. Lo hizo aplicando la ley venezolana —que no admite la detención preventiva indefinida— y siguiendo una decisión del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria. Es decir: hizo exactamente aquello para lo que existe un juez.

Fue detenida días después. El entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente que se le impusieran treinta años de prisión, y el sistema obedeció. Fue encarcelada en el mismo lugar donde se encontraban muchas de las personas a las que ella había sentenciado. Denunció torturas y violaciones. Salió a arresto domiciliario en 2011 y a libertad condicional en 2013. Desde entonces vivió con restricciones: no podía salir de la ciudad, ni hablar con la prensa, ni votar, ni obtener pasaporte.

Y en marzo de 2019 llegó lo que quedará en los manuales de derecho comparado como una definición del absurdo: un tribunal de Caracas la condenó a cinco años por “corrupción espiritual”, esto es, corrupción sin dinero. La organización Provea recordó que la propia fiscal del caso dejó constancia en el expediente de que no existió contraprestación alguna, requisito legal para que ese delito se configure.

Ahora bien, el caso Afiuni no es la historia de una injusticia individual. Es la historia de un mensaje. Y el mensaje iba dirigido a los otros dos mil jueces del país: esto le puede pasar a cualquiera de ustedes.

Ese mensaje........

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