Hay que comenzar por desmontar una premisa equivocada: presentar la dolarización de la economía venezolana como si fuera una panacea capaz de resolver, por sí sola y de manera casi instantánea, la tragedia que padece el país. No lo es. Cambiar de moneda puede contribuir a estabilizar una economía, pero no sustituye un modelo de desarrollo, no reconstruye instituciones destruidas, no genera electricidad, no repara refinerías, no recupera hospitales, no produce alimentos y, mucho menos, devuelve por decreto la confianza perdida.

El problema de Venezuela no es, en primer término, la moneda. Es el modelo fracasado que convirtió al Estado en instrumento de dominación política, al presupuesto público en fuente de corrupción y al aparato productivo en víctima de expropiaciones, controles absurdos, confiscaciones, endeudamiento irresponsable y decisiones económicas improvisadas. La verdadera solución comienza por sustituir ese modelo y reconstruir la institucionalidad republicana.

Por eso resulta peligroso ofrecer la dolarización como una especie de pócima curativa para un paciente en estado terminal. Venezuela necesita cirugía mayor. Necesita recuperar las instituciones que fueron destruidas y establecer las condiciones que permitan que una moneda estable sea el resultado de una economía sana, y no el sustituto artificial de una economía enferma.

Una economía puede utilizar dólares y seguir siendo pobre, improductiva, corrupta e institucionalmente débil. De hecho, Venezuela ya vive una extensa dolarización de facto. Buena parte de las transacciones cotidianas se realizan en dólares y también circulan euros y pesos colombianos. ¿De qué estamos hablando entonces cuando se anuncia la dolarización como si se tratara de descubrir una fórmula mágica desconocida?

El asunto esencial es otro: ¿quién garantiza el valor de esa moneda?, ¿quién garantiza los contratos?, ¿quién protege la propiedad privada?, ¿quién asegura que las inversiones no serán confiscadas?, ¿quién controla el gasto público?, ¿quién impide que vuelva a utilizarse la emisión monetaria para financiar el déficit? Mientras esas preguntas no tengan respuestas institucionales convincentes, la discusión sobre la moneda seguirá siendo secundaria.

Venezuela necesita un Banco Central verdaderamente autónomo, sometido a reglas claras y no a las órdenes del régimen de turno. Necesita reservas internacionales suficientes y una política monetaria responsable, no imprentas destinadas a fabricar dinero inorgánico para cubrir los agujeros fiscales del Estado. La emisión sin respaldo no crea riqueza: destruye el poder adquisitivo, alimenta la inflación y castiga, sobre todo, a quienes viven de salarios y pensiones.

Pero tampoco basta con tener un Banco Central autónomo. Hay que reconstruir un Poder Judicial capaz de garantizar seguridad jurídica; un Parlamento que legisle con seriedad, integralidad y visión de Estado; organismos de control independientes; y una administración pública profesional que responda a la nación y no a una parcialidad política.

No podemos continuar legislando por retazos. El sector de los hidrocarburos ofrece un ejemplo elocuente. Venezuela necesita una legislación moderna, estable y competitiva que esté a la altura de las enormes inversiones que exige la recuperación de nuestra industria petrolera y gasífera. No basta con abrir algunos pozos o decirles a determinadas empresas: “Métanse allí, vean qué pueden extraer, cóbrense lo que les debemos y después nos vamos arreglando”. Así no se construye una industria........

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