Varios inmigrantes sentados en Ceuta custodiados por militares españoles. / HENRY NICHOLLS / AFP

La presión migratoria sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla ha alcanzado un punto crítico que reabre, de forma dramática, el debate sobre la eficacia de las políticas de frontera en el sur de Europa. Las recientes declaraciones del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, al desvelar la entrada de unos 50.000 migrantes en apenas una semana —lo que representa prácticamente el 82 % del censo total de la población local—, exigen abordar la realidad sin paños calientes ni eufemismos. La magnitud de las cifras no solo colapsa los servicios de acogida y satura las infraestructuras de la ciudad, sino que evidencia el fracaso de una gestión basada en componendas formales y discursos bienintencionados que no ofrecen soluciones reales a los problemas del terreno.

Durante años, la política migratoria y de custodia de las fronteras ha estado condicionada por una aproximación que elude abordar la raíz del problema y prioriza los gestos simbólicos sobre la efectividad legal e institucional. Esta postura, que con frecuencia ignora la capacidad de absorción y los recursos limitados de los territorios receptores, resulta insostenible cuando se aplica a enclaves geográficos tan vulnerables como Ceuta y Melilla.

El impacto de este enfoque se hace especialmente evidente en la tutela de los menores no acompañados. La asunción ilimitada y automática de la guardia e infraestructura por parte de la administración autonómica ha desbordado por completo la capacidad financiera y asistencial de la ciudad. Tratar la llegada masiva de menores........

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