Jornaleros trabajando en un terreno del Campo de Cartagena. / Iván Urquízar

Ante la noticia de que unos 30.000 migrantes podrán regularizar su situación en la Región de Murcia, hay determinados sectores sociales en donde saltan las alarmas, pero no olvidemos que la Región vive una contradicción que ya no admite maquillaje. En esta región se lideró el crecimiento del PIB autonómico en 2024, con un 4,4%, pero gran parte de este se basa en trabajos duros, mal pagados y poco atractivos para el relevo generacional autóctono. Hablo del campo, el manipulado agroalimentario, la hostelería, los cuidados y la construcción. Sin embargo, estos sectores que sostienen la economía murciana se analizan desde el prejuicio y no desde los hechos.

Es evidente que Murcia necesita inmigración. En esta comunidad de algo más de 1,6 millones de habitantes, casi 340.000 personas han nacido en el extranjero, y su peso es estructural en el mercado laboral murciano. Decir que no es así es como decir que la fruta y hortalizas se recogen solas, que la hostelería funciona sin personal y que los cuidados se sostienen con discursos.

Cuando una economía depende de mano de obra extranjera, pero tolera bolsas de irregularidad, salarios débiles y trámites imposibles, lo que está haciendo no es integrar. Se trata de empujar a miles de personas hacia la economía sumergida. Por eso la regularización es una operación de realismo y no es solo una decisión jurídica. El propio proceso permitiría aflorar empleos que ya existen y convertir trabajo invisible en cotizaciones, derechos y estabilidad.

Sin embargo, y paradójicamente, al mismo tiempo que se aprueba una vía para ordenar expedientes, las oficinas de Extranjería denuncian plantillas mermadas, sobrecarga, peores retribuciones que otros organismos de la AGE y una huelga indefinida convocada desde el 21 de abril. Es decir, necesitamos regularizar porque la Región lo necesita, pero no reforzamos la puerta administrativa por la que tiene que pasar esa regularización.

Simultáneamente, el campo murciano arrastra otro problema que pasa por el relevo generacional. La propia Comunidad ha tenido que movilizar ayudas, con 8 millones para consolidar la incorporación de 245 jóvenes y anunciar nuevas convocatorias. Eso demuestra que subvencionar ayuda, pero esto solo no basta. Si la agricultura no ofrece rentabilidad, prestigio social y horizonte en la vida, los jóvenes no entrarán. Y cuando esto sucede, el sistema acaba descansando todavía más en trabajadores migrantes y a menudo en condiciones desiguales.

Murcia necesita una mirada menos sectaria y más adulta. La inmigración es necesaria porque sostiene una parte central del sector primario y terciario regional. Pero también es verdad que una migración mal ordenada, sin medios administrativos ni apoyo social suficiente, deteriora los servicios y perjudica primero a los propios migrantes. La solución no es alimentar el miedo ni comprar caricaturas sobre ‘los de fuera’. El miedo es rentable para el agitador, pero ruinoso para una sociedad. Y Murcia, si quiere seguir creciendo sin degradarse, tendrá que elegir entre el cinismo de aprovecharse de la inmigración o la inteligencia de integrarla de verdad.

Suscríbete para seguir leyendo

© La Opinión de Murcia