Premio al chivato. / .

Existe en España una profunda prevención cultural hacia el chivato. Pocas figuras suscitan tanta desconfianza. Nuestra larga tradición histórica y literaria –desde la Inquisición hasta las denuncias políticas del siglo XX– lo ha convertido en un personaje moralmente sospechoso.

El ordenamiento español ha sido tradicionalmente reacio a premiar la delación, en parte porque se considera que el deber de colaborar con la Justicia debe cumplirse sin recompensa. De ahí que expresiones como soplón o chivato mantengan todavía una intensa carga peyorativa. Pueden ser personajes secundarios, pero a menudo desencadenan toda la tragedia.

Nuestra literatura ofrece buenos ejemplos. Desde la Inquisición recreada por Delibes hasta la atmósfera opresiva de Tiempo de silencio, el delator aparece asociado a autenticas sociedades delatoras donde la vigilancia mutua termina erosionando la confianza y la libertad.

En el entramado judicial, la figura del delator constituye uno de los grandes dilemas morales y jurídicos de cualquier Estado de Derecho. La pregunta de fondo es incómoda y permanente: ¿puede la Justicia servirse de la traición para descubrir la verdad?

La Sala Penal del Tribunal Supremo acaba de recordarnos una realidad incómoda: sin arrepentidos, muchas tramas de corrupción jamás llegarán a descubrirse.

La sentencia del llamado «Juicio de las Mascarillas» no sólo impone severas condenas a varios de los acusados. Hace algo más relevante. Reivindica expresamente la utilidad del colaborador con la Justicia y premia a quien decidió confesar su participación en los hechos, aportar documentación, incriminar a otros implicados y facilitar nuevas líneas de investigación.

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