El exministro José Luis Ábalos (i) y su exasesor Koldo García (d) en el banquillo de los acusados / Pool

Que José Luis Ábalos había convertido el Gobierno en una suerte de Sálvame lo vimos la semana pasada en el Tribunal Supremo. Por la sala han desfilado amigas y conocidas del exministro y exnúmero dos de Pedro Sánchez en el PSOE relatando con pasmosa naturalidad cómo es posible en la España actual cobrar de una empresa pública no ya sin trabajar, sino sin saber siquiera a qué se dedica dicha compañía. En ese contexto, tampoco desentonó que una de ellas, beneficiaria de un piso en la plaza de España porque ya se sabe que «lo de la vivienda está muy mal en Madrid» negara ser «prostituta» para reivindicarse como «dentista colegiada». El espectáculo ha sido tan llamativo como devastador. Ha dejado mudo al Gobierno, que si pudiera bajaría la persiana hasta que escampe el temporal judicial. Pero conviene no dejarse arrastrar por la espuma, porque lo verdaderamente relevante no es la vida privada de Ábalos ni su presunta inclinación por rodearse de jóvenes a sueldo del erario público, por más que retrate una determinada forma de entender el poder.

El núcleo del caso es mucho más grave, porque hablamos de contratos públicos por más de 53 millones de euros adjudicados en lo peor de la pandemia y una presunta mordida de 16,5 millones. Dinero de todos en un momento crítico, cuando España contaba fallecidos por decenas cada día y las instituciones estaban sometidas a una presión extraordinaria. Es ahí donde se mide la dimensión política y ética de lo ocurrido, no en las anécdotas de Jésica o Miss Asturias leyendo libros de trenes en una biblioteca de Oviedo en horario laboral.

Reducir el escándalo a las «amigas del ministro» no solo banaliza los hechos, sino que desvía la atención de lo esencial: ¿cómo se pudieron adjudicar esos contratos sin que saltara ninguna alarma? Y, sobre todo, ¿qué sabía el presidente del Gobierno? Porque sigue sin respuesta por qué destituyó a Ábalos en julio de 2021, y se mantiene la duda de cuánto conocía de estas prácticas que vuelven a emerger en sede judicial.

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