Los sindicatos ven aún insuficiente la investigación del accidente de Cerredo pese a que el Principado la da por cerrada

El Gobierno regional admite que «hay que mejorar» las inspecciones y da por cerrado el análisis técnico: «La explotación era clandestina e incumplía la seguridad»

Interior de la mina de Cerredo donde se produjo la explosión. / LNE

El Principado dio ayer por cerrada la investigación técnica de la dirección de Minas sobre el accidente de la mina de Cerredo, en el que hace un año, el 31 de marzo de 2025, perdieron la vida cinco mineros y otros cuatro resultaron heridos. La consejería de Ciencia, Industria y Empleo comunicó a los integrantes de la comisión especial de Seguridad Minera, creada tras el siniestro, las conclusiones del informe elaborado por el Servicio de Minas, cuyo contenido adelantó en exclusiva LA NUEVA ESPAÑA, y dio por finalizada la labor de este órgano auxiliar.

Sin embargo, los sindicatos mineros consideran que aún no se han aclarado plenamente las sombras que rodean a las circunstancias del accidente, que «siguen siendo inciertas» a juicio del SOMA y sobre el que existe una responsabilidad «in vigilando» de la administración regional, según Comisiones Obreras.

La comisión especial, nacida de la propia comisión de Seguridad Minera (que se reune periódicamente), apenas tuvo un par de reuniones más desde su nacimiento: la de constitución y otra más en la que se comunicó que poco se podía informar al ser secreta la investigación judicial.De hecho, los ingenieros de minas del Principado no pudieron acceder a la explotación para su análisis hasta el mes de julio, más de tres meses después del accidente.

El director general de Minas, Javier Cueli, compareció poco antes de la reunión para resaltar que el siniestro se produjo en una mina clandestina y que existía un flagrante «incumplimiento de las medidas de seguridad y de organización de los trabajos».

Cueli dio por «concluida» la investigación de Minas con la presentación del informe. Sobre si las inspecciones realizadas por el Principado previamente al accidente pudieron haber detectado indicios de explotación que lo evitasen, Cueli inidicó que no existe por ahora un análisis específico, aunque defendió que las actuaciones «eran las adecuadas en ese momento», dado que Blue Solving solo tenía permiso para achatarramiento.

A la pregunta de qué enseñanza deja lo ocurrido, el director general evitó concretar medidas inmediatas, aunque admitió que «hay que mejorar». «Teniendo en cuenta que se produjeron cinco fallecidos, parece evidente que en algo habrá que mejorar».

Por parte del SOMA, José Catalino Fernández Suárez, secretario de Salud Laboral y Medio Ambiente del sindicato, reclamó «la necesidad de seguir trabajando para intentar explicar las causas del accidente», ya que «las circunstancias hasta este momento siguen siendo inciertas». «Exigimos certezas para las familias de las víctimas y una investigación exhaustiva, transparente y rápida para saber qué pasó, cómo pasó y quiénes son los responsables».

También por parte de Comisiones Obreras, Javier Vázquez, responsable de Seguridad y Salud de la Federación de Industra, manifestó que existió responsabilidad «in vigilando» de la administración minera. «Los problemas de seguridad laboral en la mina de Cerredo no tienen ninguna posible justificación por parte del empresario, pero la dirección general de Minas tuvo en este caso concreto fallos de vigilancia». Vázquez aún pone en duda que no se hubiese podido detectar con anterioridad al siniestro la extracción de cargón: «En la mina hay cosas que no puedes quitar de un día para otro, pero es que en ocho meses nadie de la administración regional aparció por allí».

El informe del Servicio de Minas, que adelantó LA NUEVA ESPAÑA, concluye que la explosión de Cerredo se produjo en una extracción de carbón «de carácter clandestino» en la capa Z del piso tercero, conocido como «Mangueiro». Se trataba de una labor que no era autorizable dentro del marco de cierre y restauración de la explotación.

Los inspectores del Principado estiman que fueron extraídas de forma fraudulenta cantidades de carbón en la horquilla entre 1.096 y 1.370 toneladas. Además, la Administración refiere que los trabajos se desarrollaban «en encerrado» (es decir en una galería en situación de fondo de saco), sin un circuito de ventilación adecuado para el arranque, con riesgo de acumulación de metano y con las dos turbinas del transversal inactivas el día del accidente, lo que favoreció la formación de la atmósfera explosiva.

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El documento añade que la actividad se ejecutó de forma oculta bajo la cobertura de trabajos permitidos, que las inspecciones previas no detectaron la extracción por el alcance de las visitas y la inaccesibilidad de parte de la mina, y que uno de los trabajadores fallecidos ejercía funciones de vigilante pese a figurar en la documentación como «Empresario». Minas ya remitió su informe al juzgado y a la Inspección de Trabajo.

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