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Los letrados de la Cámara afirman que Zapico debe someterse al control de la Junta y que los diputados tienen la obligación de asistir a la ponencia de Vivienda

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12.11.2026

Los letrados de la Cámara afirman que Zapico debe someterse al control de la Junta y que los diputados tienen la obligación de asistir a la ponencia de Vivienda

Dos informes encargados por Cofiño extienden a Barbón la responsabilidad de garantizar que el Gobierno responda ante la Junta y plantean cómo reactivar la ley de Vivienda tras tres reuniones fallidas de la ponencia

Ovidio Zapico. / Luisma Murias / LNE

El anuncio de Ovidio Zapico de que dejará de responder a las iniciativas de control de la oposición mientras siga bloqueada la ley de Vivienda “carece de toda cobertura en el ordenamiento jurídico”. Así lo concluyen los servicios jurídicos de la Junta General en uno de los dos informes que firma el letrado mayor, Marco Fernández Gutiérrez, por encargo del presidente de la Cámara, Juan Cofiño. En el segundo sostiene que el deber de asistencia de los diputados “alcanza a las Ponencias” y plantea cómo reanudar la tramitación tras tres convocatorias fallidas. La primera oportunidad es la reunión de este jueves a las 16.00 horas, a la que el PP ha anunciado que acudirá.

Zapico comunicó su decisión el martes, al término de una interpelación sobre vivienda en el Pleno. Entregó a Cofiño una carta en la que pedía amparo por las ausencias de PP, Vox y Foro en la ponencia y anunciaba que dejaría de atender las iniciativas de la oposición mientras persistiera el bloqueo. Cofiño defendió en el hemiciclo la obligación del Ejecutivo de someterse a la fiscalización de la Junta. Esa misma tarde, la ponencia volvió a quedarse sin cuórum. Ya había ocurrido el jueves 5 y el lunes 9 de noviembre.

El letrado mayor considera que vincular el control al avance de la ley “opera, objetivamente, como una medida de presión sobre la Cámara”. La suspensión anunciada, añade, alcanza también a diputados de la oposición que ni siquiera forman parte de la ponencia. “Supeditar el control a la marcha de un proyecto de ley equivale a pedir a la oposición que actúe como mayoría del Gobierno para poder seguir controlándolo”, escribe.

El informe cita el precedente del Gobierno central en funciones que en 2016 se negó a someterse al control del Congreso. El Tribunal Constitucional declaró que aquella negativa había vulnerado las atribuciones de la Cámara. En Asturias, la responsabilidad política del Consejo de Gobierno........

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