Josep Maria Castellà, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona: "Los partidos son más débiles socialmente, pero quieren capturar todas las instituciones"

"Se educa poco en cultura democrática e institucional"

"La sociedad catalana se ha dado cuenta de que el procés fue un gran engaño; salidas como el bilateralismo apaciguan, pero deslegitiman la idea de España como comunidad política"

Josep Maria Castellá, en la Junta General del Principado / Luisma Murias

Josep Maria Castellà (Tortosa, 1967), catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona, formó parte de la Comisión de Venecia, que vigila y aconseja a Europa sobre su democracia. Paseaba este miércoles por Oviedo, bajo la lluvia, tras haber participado el día anterior en un acto en la Junta General en el que se analizó la crisis del Estado de derecho. "Estuve en Oviedo, hace muchos años, en el 82, con mis padres; está todo muy cambiado, la ciudad está muy cuidada", comenta.

¿Es esta una verdadera crisis del sistema o un deterioro aún reversible?

Las nuevas circunstancias, especialmente el influjo de las nuevas tecnologías, han cambiado las bases del sistema democrático representativo como lo entendíamos. Han alterado el papel de las instituciones de mediación. Los partidos ocupan cada vez un lugar menos relevante. Los representantes y el Parlamento tienen posiciones más simbólicas que reales y no ejercen realmente sus funciones legislativa, presupuestaria y de control del gobierno. Por eso sí hay un cambio notable en la democracia. Ahora bien, si miramos el siglo XX, también ha habido otros momentos en los que el sistema democrático ha tenido que enfrentarse a crisis graves. Y la democracia es muy resiliente. Al final volvemos a Churchill: es el sistema menos malo. Creo que es capaz de recuperarse o, mejor dicho, de adaptarse a estas nuevas circunstancias.

Esas crisis suelen coincidir con momentos muy duros para la sociedad.

Sí. Son épocas en las que amplios sectores de la ciudadanía cuestionan el sistema porque no le ven utilidad, porque no resuelve sus problemas concretos. Eso hoy se comparte bastante. La situación actual ya es muy difícil por sí misma. El encadenamiento de crisis, desde la financiera de 2008 hasta las sucesivas crisis internacionales y el covid, influye claramente. No sabemos qué vendrá después. Pero creo que existe un sentido común compartido, que la gente entiende que hay que preservar la democracia y el Estado de derecho. Los populismos tienen una fuerza notable, pero no son equivalentes a los totalitarismos de los años veinte y treinta del pasado siglo. La amenaza existencial a la democracia no es del mismo tipo. Y también estamos viendo reacciones frente a esos populismos. Los sistemas de partidos, a su manera, siguen funcionando. En Europa suele haber un partido, a veces democristiano o liberalconservador y otras socialdemócrata, que se constituye en baluarte del sistema y actúa como muro de contención. Alemania y España, con cambios internos, resisten mejor. Francia o Italia, menos. Y además la Unión Europea sigue siendo un factor importante de estabilidad.

Cuando España salió de la dictadura hubo una ilusión democrática muy intensa. ¿Lo de ahora es fatiga?

Lo llamativo es que se trata de una fatiga anterior a la consolidación de una verdadera cultura política pluralista y de democracia constitucional. Puedo entender la fatiga en democracias muy antiguas, pero aquí no llegamos ni a 50 años. Es poco tiempo para estar fatigados. Por eso la pregunta es otra: por qué esta crisis es percibida por una parte notable de la población aunque, objetivamente, el sistema no debería mostrar aún esos signos de agotamiento. La Constitución sigue vigente, los derechos son protegidos por los jueces y la incorporación de España a la Unión Europea ha sido un éxito. Y, sin embargo, esa percepción existe.

¿Los movimientos populistas se reconducen cuando tocan el poder?

Yo creo que sí. La experiencia europea demuestra que los cordones sanitarios suelen ser contraproducentes, porque alimentan una alternativa antisistémica que luego, cuando se enfrenta a la realidad, no lo es tanto. Entrar en el gobierno supone un baño de realidad muy grande. Hay fases sucesivas: primero la integración en las instituciones representativas, en el Parlamento; luego, eventualmente, la entrada en el Gobierno. Algunos partidos recorren ese camino. El caso de los Verdes alemanes es muy claro: nacieron como una fuerza muy radical y hoy forman parte normal del sistema. Otros no lo hacen. Pero, en general, me parece bueno integrarlos para que se retraten, para que tengan que lidiar con problemas reales y no solo con la denuncia.

Con las redes sociales, la política parece haberse convertido en una conversación permanente.

Todos esos intentos de democracia más inmediata, radical o electrónica, pueden ser bien intencionados, pero resultan poco realistas. La vida pública tiene una complejidad y unos cauces que hay que preservar. Ampliar el ágora a toda la ciudadanía no mejora necesariamente la deliberación; muchas veces la simplifica y la polariza. Por eso las instituciones de mediación siguen siendo fundamentales. La opinión pública necesita mediaciones: la prensa, la televisión, los profesionales que seleccionan e informan adecuadamente. Dar por superados los partidos y la representación para sustituirlos por movimientos con líderes carismáticos y mecanismos de participación directa no ha demostrado mejorar la política. Al contrario. Se ha visto, por ejemplo, en Italia; luego se comprueba que la participación real es escasa y que los dirigentes terminan utilizando los resultados a su conveniencia. Eso no significa que no haya que reformar el sistema representativo y los partidos, porque está claro que no pueden seguir igual. Pero la alternativa populista tampoco ha demostrado ser eficaz. Y, además, la democracia sin pluralismo acaba siendo una caricatura de sí misma.

En el fondo, la antipolítica termina siendo política encubierta.

Mala política. Un sucedáneo de política, que no resuelve los asuntos públicos. Es bueno que haya deliberación, pero el lugar por excelencia de la deliberación es el Parlamento, con toda la apertura necesaria a la sociedad civil, pero canalizada institucionalmente. Lo otro, bajo la apariencia de una mayor participación, termina generando mecanismos útiles al poder, porque pueden ser instrumentalizados por gobiernos cada vez más presidencialistas. Y eso no representa mejor a la sociedad ni a la pluralidad de sus intereses.

Defiende el pluralismo, pero en España parece casi imposible gestionar un Parlamento muy fragmentado. ¿Falta cultura de pacto?

Tenemos un dilema claro. Hasta la crisis del "No nos representan" de 2011, España funcionó sobre un bipartidismo imperfecto, pero suficiente para articular una democracia de mayorías y alternancia. A partir de entonces, con la multiplicación de partidos, apareció al mismo tiempo una polarización que dificulta formar mayorías, y esa fragmentación tampoco ha sido capaz de traducirse en pactos que superen la polarización. La tendencia es perversa. Hay países con una enorme pluralidad de partidos, como Dinamarca, Holanda o Bélgica, pero allí existe una cultura de coalición. Aquí tenemos lo peor de ambos sistemas: fragmentación, pero sin cultura de pacto.

Eso de que los dos grandes partidos alcancen consensos se antoja hoy impensable.

Hay que distinguir dos planos. Uno es el plano constitucional; otro, el de la política coyuntural o de gobierno. En el plano constitucional, los acuerdos son imprescindibles. Para reformar la Constitución, por ejemplo, o para designar a los miembros de los contrapoderes, como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. Ahí la ausencia de acuerdos es muy dañina, porque la política constitucional no puede regirse por la simple imposición de la mayoría de turno. Otra cosa es la mayoría de gobierno. Las dificultades para formar gobiernos no deberían impedir que existan acuerdos amplios en materia constitucional. El problema aparece cuando ambos planos se mezclan y la polarización propia de la política ordinaria contamina la política constitucional.

¿Hasta qué punto la visión del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional como órganos de reparto entre bloques ideológicos es estructural o reversible?

Mi impresión es que cada vez está peor. En principio, que los grandes partidos se pongan de acuerdo para designar perfiles distintos, con sensibilidades y procedencias diferentes, puede ser algo bueno. El primer Tribunal Constitucional, en los años ochenta, fue un buen ejemplo de ello. El problema es que eso ha degenerado. Hoy el acuerdo consiste muchas veces en que uno vota a los candidatos del otro y el otro a los de uno. Así no se selecciona a los mejores juristas, sino a correas de transmisión de los partidos. Y no veo signos de cambio. Los partidos son cada vez más débiles socialmente, pero al mismo tiempo quieren capturar todas las instituciones, no al servicio de una pluralidad interna real, sino de los intereses de sus respectivos dirigentes.

Ahora lo que se establece es la dicotomía "o yo o el caos".

Totalmente. Internamente lamina la verdadera democracia interna de los partidos. Las primarias, por ejemplo, no han servido para incentivar el debate, sino muchas veces para clausurarlo. Y en las instituciones el "yo o el caos" es un mensaje muy poco compatible con una democracia pluralista y de alternancia. Una de las bases elementales de la democracia, si seguimos a Popper, es el cambio de gobierno sin derramamiento de sangre. Si ese cambio se presenta como una amenaza insoportable, estamos ante un problema básico de la democracia representativa.

Desde hace tiempo se ha debilitado el consenso sobre la Transición, la Constitución, el modelo autonómico o incluso la Corona. ¿Hasta qué punto eso pone en cuestión nuestra propia democracia?

Tengo la impresión de que en buena parte es algo forzado, que no responde a razones objetivas. La Constitución tiene un enorme valor como expresión del consenso político alcanzado en un momento en el que las ideologías estaban muy vivas y, aun así, fueron capaces de pactar. Eso tiene un precio: la Constitución no regula todos los detalles y deja margen al legislador futuro. Pero las líneas maestras están ahí. También en el plano institucional. La figura del jefe del Estado, por ejemplo, tiene pleno sentido como moderador y símbolo de unidad, como instancia por encima de las partes. No creo que cuando se minan esas instituciones de integración y se cuestiona la validez de la Transición, se haga por causas objetivas, sino por la voluntad de impugnar aquella etapa porque no fue una victoria de unos sobre otros. Y lo cierto es que el esfuerzo de conciliación de entonces no está presente en los modelos alternativos que hoy se proponen.

Nuestro pasado sigue muy presente: la Guerra Civil, el franquismo, la memoria. ¿Eso también ocurre en otros países?

El revisionismo histórico existe en otros lugares, pero aquí me parece especialmente intenso. Y además selectivo. Si uno lee el preámbulo de la ley de memoria democrática, encuentra una relectura histórica hecha desde la política partidista y no desde la historiografía. Eso va más allá del debate histórico, porque tiene objetivos del presente: descalificar a quien no está en el lado considerado correcto.

Con su experiencia en la Comisión de Venecia, ¿España sigue dentro de los estándares europeos de una buena democracia?

Si atendemos a los rankings internacionales, todas las democracias occidentales muestran signos de debilitamiento. Se perciben caídas en materias como corrupción, transparencia, buen gobierno o control del poder a través de los tribunales y de otros organismos independientes. Ahora bien, hay que distinguir entre democracias sin tradición constitucional sólida y viejas democracias. En las primeras, el deterioro es más fácil. El problema es que también las democracias consolidadas están entrando en dinámicas preocupantes de polarización y crisis de los contrapoderes. Y España forma parte de este segundo grupo. No estamos ante quiebras democráticas como las de otros contextos, pero, en el marco occidental, la evolución sí resulta preocupante.

La democracia nace de un pacto. El problema aparece cuando una parte de la sociedad deja de aceptar ese marco común.

Exactamente. Y ahí lo más grave es la pérdida de cultura política. No solo importan los límites legales; también importan los controles sociales frente al abuso de poder. Cuando se erosiona la tolerancia hacia el discrepante y el adversario deja de ser visto como un competidor legítimo para convertirse en un enemigo, aparecen consecuencias muy serias. Por eso ahí es donde hay que poner el énfasis. Y la ejemplaridad de los gobiernos y de los dirigentes políticos es fundamental, porque la sociedad tiene delante esos ejemplos.

¿Se está transmitiendo a los jóvenes una verdadera cultura democrática?

Mi impresión es que muchos jóvenes llegan a la universidad siendo casi hojas en blanco en estas cuestiones. Podemos discutir sus vacíos en historia o filosofía, pero a mí me preocupa sobre todo que se educa poco en cultura institucional y en respeto a las tradiciones democráticas. Eso facilita que, con toda la buena intención del mundo, se adopten posiciones muy favorables a determinadas causas sin una reflexión suficiente sobre los límites del poder o la necesidad de contrapesos. Se ha visto claramente en Cataluña, con toda la manipulación del proceso independentista y con formas de adoctrinamiento en escuelas y medios. Educar en la limitación del poder, en la necesidad de la oposición política y en la idea de que no puede haber mayorías intrínsecamente buenas y oposiciones intrínsecamente malas, sigue siendo una gran carencia del sistema educativo.

Como observador en Cataluña, ¿el procés está superado?

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Creo que sí está superado. La sociedad se ha dado cuenta de que fue un gran engaño, de que se jugó con sentimientos colectivos prometiendo mundos utópicos sin posibilidad real. Ahora bien, hay grupos que siguen en sus sueños. Y, al mismo tiempo, se ofrecen salidas como el bilateralismo o la idea de una España confederal que, a mi juicio, apaciguan temporalmente, pero en el fondo deslegitiman la idea de España como comunidad política. Y eso es lo que me parece que no se está afrontando debidamente.

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