¿Tiene validez legal el dictamen de la comisión de Cerredo? Los juristas avisan: está bien que señale responsables políticos... pero cuidado con los funcionarios

Los expertos dejan claro en que las conclusiones no tienen valor jurídico, aunque algunos temen que sí puedan interferir con el procedimiento judicial en algún caso

Agentes de la Guardia Civil conversan con integrantes de la Brigada de Salvamento Minero a unos metros de la bocamina de Cerredo. / Demelsa Álvarez / LNE

El borrador del dictamen de la comisión parlamentaria de investigación ha puesto nombre y apellidos a supuestas responsabilidades respecto el accidente minero de Cerredo de 2025, en el que fallecieron cinco trabajadores. No solo ha señalado directamente a los exconsejeros Enrique Fernández, Nieves Roqueñi -actualmente presidentes de Hunosa y El Musel, respectivamente- y Belarmina Díaz, sino que da un paso más en la depuración de responsabilidades ampliándolas a dos funcionarios de minas y otro del ámbito jurídico. ¿Cómo se valora jurídicamente todo este terremoto político? Expertos jurídicos coinciden a la hora de respaldar que el dictamen de una comisión parlamentaria señale responsabilidades políticas, pero se muestran mucho más cautelosos respecto a la aparición de nombres de funcionarios.

Lo que parece claro es que el señalamiento a los exconsejeros no despierta duda legal alguna. Los expertos en Derecho Administrativo coinciden en que apuntar a cargos políticos en un dictamen parlamentario es lícito. “El concepto de una comisión de investigación parlamentaria es determinar responsabilidades. Todo el mundo acepta que los políticos pueden ser señalados, pero cuando bajas de escalafón hay que tener cuidado”, explica el abogado Antonio Arias, quien ejerció durante largos años en la Sindicatura de Cuentas, fiscalizando la actividad del Principado.

Es en ese punto donde no existe consenso ni entre los políticos ni entre los juristas. Los expertos consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que la comisión no puede sustituir a los tribunales ni atribuir responsabilidades penales, la cuestión está en dónde poner la línea roja. Antonio Arias avala que se describan hechos con sus protagonistas, sean funcionarios o políticos, siempre sin calificación penal. Javier Junceda y Alejandro Huergo avalan un enfoque más contenido, centrado en sistemas, procedimientos y hechos, y dejan a a los juzgados la eventual depuración de negligencias o responsabilidades en........

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