Ante las entidades de control deberá responder el director del Inderhuila, Felipe Victoria Barragán, y su equipo de contratación, por la presunta orientación de contratos que se estaría presentando sistemáticamente al interior de la entidad. Un contrato por $495.000.000 (LPIH003 de 2026), destinado al alojamiento y alimentación de deportistas huilenses, es hoy la punta del iceberg de un esquema de direccionamiento irregular que pone en entredicho la transparencia de la institución.

El proceso, publicado el pasado 9 de abril, cerrará el próximo 11 de mayo, pero lo que debería ser una licitación abierta es, en realidad, un “candado” técnico diseñado con precisión quirúrgica para beneficiar a Jaime Andrés Castillo Vargas, representante legal de la empresa DISPROSUM. Castillo, quien es garzoneño y paisano del director del Inderhuila, parece haber sido favorecido por........

© La Nación