Mientras la nación entera lloraba, sobrecogida, la mayor catástrofe aérea militar de su historia —el siniestro del avión Hércules de la Fuerza Aérea en Puerto Leguízamo—, el presidente de la República, jefe de Estado y comandante en jefe de la Fuerza Pública, no se detuvo en el duelo ni en la dignidad del silencio. Prefirió precipitarse a repartir culpas, improvisando hipótesis sobre la aeronave y las causas del accidente, cuando aún no se habían enfriado los restos ni comenzaban las investigaciones.

En medio de las llamas, los hierros retorcidos y del desconcierto absoluto, decenas de jóvenes militares y policías luchaban por su vida. Más de un centenar de familias, con el alma suspendida, aguardaban noticias sin saber si sus hijos figuraban entre los heridos o los muertos. Y, sin embargo, Petro optó por señalar a su antecesor con una acusación temeraria: “Duque tiene la culpa por haber comprado una chatarra vieja”. No le bastó anticiparse irresponsablemente a los hechos; necesitaba, además, instalar un relato útil a su conveniencia política.

Tres días después, mientras Medicina Legal avanzaba en la identificación de los 69 cuerpos, persistía en su versión. Lo hacía incluso en contravía de la voz autorizada del comandante de la Fuerza Aérea, el general Silva, quien explicó con rigor técnico que la aeronave estaba en condiciones óptimas y podía operar durante décadas más; que no era una “chatarra”, sino un equipo utilizado en numerosos países; y que, además, no fue comprada, sino donada mediante un acuerdo con Estados Unidos. Nada de ello bastó. Petro, sin rubor, afirmó que no le creía al general.

No se trata de un episodio aislado. Hay un patrón detestable: el uso del dolor humano como herramienta política. Ocurrió también tras el atentado contra el candidato Miguel Uribe Turbay. Cuando aún se debatía entre la vida y la muerte, Petro descartó el móvil político y lanzó, sin sustento, múltiples hipótesis: una supuesta “junta del narcotráfico internacional”; luego, las FARC de Mordisco; más tarde, el ELN. Una narrativa errática, construida al margen del rigor y por encima del sufrimiento de una familia.

Paradójicamente, quien en campaña contabilizaba cada muerte violenta como munición electoral, hoy guarda silencio frente a más de 40.000 homicidios y cerca de 300 masacres ocurridas durante su mandato.

Colombia merece un presidente que entienda la gravedad del dolor colectivo, que respete los tiempos de la verdad y honre la dignidad de las víctimas. Lo que hoy vemos es lo contrario: el abuso del dolor humano como recurso político. Detestable.

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