Más de 9 mil hectáreas de tala ilegal: la maquinaria de deforestación que une permisos estatales y tráfico de tierras en territorio indígena de Bolivia

Documentos de dos entidades del Estado que fueron filtrados, y corroborados, revelan que Monte Verde es el territorio indígena con mayor superficie autorizada para desmonte y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por el tráfico de tierras.

Asediados por las voraces llamas que entre julio y noviembre de 2024 consumieron parte de los bosques del territorio de Monte Verde, los indígenas chiquitanos se vieron obligados a abandonar su casa grande. Creyeron que, cuando el fuego cediera, el desafío sería reconstruir lo que las llamas habían destruido, pero estaban equivocados. Mientras huían para salvar sus vidas, grupos dedicados al avasallamiento y tráfico de tierras ingresaron al territorio y comenzaron a talar los árboles centenarios que habían sobrevivido al incendio.

La comunidad Los Ángeles —una de las 152 que integran el territorio indígena Monte Verde, cuya superficie se extiende por los municipios de San Javier, Concepción Urubichá y Guarayos, en el noreste de Santa Cruz, Bolivia— fue una de las primeras en descubrir que el fuego no había sido el final de la tragedia, sino el comienzo de otra batalla.

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Allí, donde el sol quema con una furia nueva y la sinfonía del bosque fue interrumpida por el estrépito seco de los árboles al caer, Isabel Surubí camina entre troncos colosales derribados por las motosierras. Cada paso la obliga a esquivar árboles que tardaron siglos en crecer y apenas semanas en desaparecer. Frente a las cerca de seis hectáreas devastadas por los avasalladores, sus ojos se humedecen.

“Esto era parte de nuestra casa grande, nuestro hogar”, dice con un hilo de voz.

Lo que Isabel Surubí observa no es un episodio aislado.

Durante un año de investigación, Amazonía Traficada —un proyecto periodístico apoyado por el Pulitzer Center, en alianza con RAI Bolivia, Mongabay Latam y Asuntos Centrales— analizó miles de datos filtrados de la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que fueron corroborados, más información proveniente de MapBiomas, el producto satelital mensual de Área Quemada Global de la NASA (MODIS MCD64A1) y la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN).

El cruce de toda esta información, combinada con análisis geoespacial e imágenes satelitales, organizada en ocho bases de datos, más una reportería de campo en la que se levantaron al menos 30 entrevistas a líderes indígenas permitió reconstruir, con un nivel de detalle sin precedentes, las transformaciones que han experimentado los 48 territorios indígenas titulados de la cuenca amazónica boliviana en las últimas décadas.

De esa investigación nació VISTA, una plataforma que reúne y pone a disposición pública la información analizada por Amazonía Traficada. La herramienta permite explorar, uno a uno, los 48 territorios indígenas y conocer qué está ocurriendo en su interior y en sus alrededores en cuanto a deforestación, quemas, expansión de la soja, autorizaciones de desmonte y asentamientos de terceros.

Entre los datos que VISTA revela, está que la ABT autorizó el desmonte de 23 354 hectáreas en Monte Verde mediante unas 1800 resoluciones administrativas. Pero el hallazgo más revelador surge al contrastar esos datos con la deforestación registrada en las bases de datos de GeoFAN , un portal geoespacial de datos creado por FAN. El resultado muestra que el bosque desaparece por dos vías: una legal, respaldada por autorizaciones estatales que no siempre llegan a ejecutarse, y otra clandestina, que avanza al margen del control del Estado.

En Monte Verde, de las 23 354 hectáreas autorizadas para desmonte entre 2003 y 2023, solo se talaron 3700. Sin embargo, la pérdida total de bosque en este mismo periodo alcanzó las 13 100 hectáreas en ese territorio. Esto significa que solo el 29 % de la deforestación ocurrió dentro de áreas autorizadas por la ABT, mientras que las restantes 9360 hectáreas —el 71 %— fueron taladas ilegalmente.

Cuando el mismo ejercicio se replica en los 48 territorios indígenas de la Amazonía boliviana, el patrón se repite, pero a una escala mayor. En las dos décadas analizadas se desmontaron 186 576 hectáreas. De ese total, apenas 17 900 contaban con autorización de la ABT. Las otras 168 670 hectáreas —nueve de cada diez— fueron intervenidas de manera ilegal.

Alcides Tomichá, presidente de la comunidad Los Ángeles, señala el árbol que estaba siendo talado por avasalladores cuando fueron sorprendidos por comitiva de monitoreo territorial. Foto: Edy Yobany Velasco Alanes

Monte Verde concentra, por sí solo, más de una cuarta parte de toda la superficie autorizada por la ABT para desmonte dentro de los 48 territorios indígenas de la cuenca amazónica analizados en esta investigación.

El 93 % de estos permisos fueron concedidos bajo la modalidad Plan de Desmonte 20 (PDM20), un instrumento administrativo de la ABT que ha sido incluido por los defensores ambientales en Bolivia en el paquete de las denominadas “leyes incendiarias”. Las llamaron así por abrir mecanismos legales hacia la expansión del desmonte, en un contexto altamente vulnerable al fuego.

Este mecanismo, que nació en 2015 con la........

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