Ha pasado un mes desde que el Parlamento israelí (Knéset) aprobó la ampliación del uso de la pena de muerte, con la indignante imagen de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional y líder de la ultraderecha, celebrando con champán tan siniestro acontecimiento. Desde entonces, la actualidad, marcada por la guerra de agresión de Estados Unidos e Israel en Irán y Líbano, ha desviado la atención sobre el alcance de esta ley, mientras Israel sigue bombardeando Gaza pese al alto el fuego formal, en plena crisis humanitaria, y en Cisjordania se intensifican tanto la violencia militar como los ataques de colonos, en un clima de total impunidad.

Paradójicamente, un día antes de la aprobación de esta ley, el diario Haaretz informaba de que un tribunal de Jerusalén se negaba a mantener en prisión al joven colono Yunin Levi, acordando su arresto domiciliario a pesar de las imágenes en las que se le ve claramente disparando al activista palestino Awdah Hathaleen, colaborador del documental ganador del Oscar No Other Land, que denuncia los ataques de colonos y soldados israelíes contra la comunidad palestina de Masafer Yatta.

Esta ley no puede entenderse como un endurecimiento penal más dentro del marco de la seguridad nacional de Israel. Estamos ante un cambio de una enorme trascendencia en un sistema que ha ido consolidando, a lo largo de décadas, la discriminación y la violencia estructural contra los palestinos y palestinas. En este sentido, debe ser analizada como la culminación de un engranaje jurídico e........

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