El 3 de enero de 2026 se convirtió en un parteaguas con el secuestro del presidente de la república de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores, en una acción violenta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que culminó con ello la etapa previa de sanciones y fuerte desgaste contra el gobierno de Venezuela, para asumirse ahora como el que tiene el poder real sobre ese país, en especial sobre el control del petróleo, y además quien determina que se deben romper relaciones con China, Rusia e incluso con Cuba. 

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, mantiene relación con el presidente magnate con escasos márgenes de decisiones internas, especialmente en materia de economía. 

Ya se anotó por múltiples voces que en la incursión imperialista en ese país, el tema de la democracia, de derechos humanos y, por supuesto, de respeto al derecho internacional está fuera del horizonte del activismo neocolonial de Donald Trump. 

En su lógica, está caminando Venezuela con las operaciones de venta de petróleo bajo su control y decisión, favoreciendo a empresas petroleras cercanas (en especial, alguna de ellas que contribuyó a financiar su campaña), y el reparto de ciertos recursos y su colocación en cuentas que no sean........

© La Jornada