En 1986, Ronald Reagan redactó la directiva declarando al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. Esta firma fue culminante de la primera metamorfosis de la guerra irregular, donde aparecía protagonizada por las agencias de inteligencia, en particular, la Administración de Control de Drogas defendida siempre por Joseph Biden. Para ese momento, era claro un tire y afloje de la Casa Blanca y el Congreso sobre el control de las aventuras imperiales desde décadas atrás. 

Cuando el Congreso observó el desastre de la guerra de Vietnam intentó poner un freno con la War Act, pero el presidencialismo estadunidense inventó la “guerra contra las drogas” pudiendo abrir la posibilidad de usar ingentes recursos de los impuestos de los Estados Unidos para sus tareas intervencionistas. Así, la lucha antinarcóticos empezó a aparecer en el currículo de la Escuela de las Américas e inauguró un nuevo capítulo de la guerra irregular. 

Su aplicación en nuestro continente fue en Colombia con la tozuda narrativa de las “narco-FARC”, de que el conflicto armado en ese país había acabado con la Constitución de 1991 y que, a partir de ahí, sólo quedaban actores armados sin ideología sedientos de dinero cuyo objetivo era acrecentar sus arcas en los mercados de la cocaína. Eso dividió las izquierdas armadas y no armadas. Con este discurso instalado, las élites colombianas y EU redactaron el Plan Colombia “para salvar a ese país de la amenaza narcotraficante”, convencieron al Congreso de los Estados Unidos y transfirieron una serie de recursos y poderes a agencias de inteligencia, empresas privadas del complejo militar y a la fiscalía general colombiana para apuntalar sus intereses geoestratégicos. Esta........

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