Las empresas dedicadas a producir comida chatarra aplicaron la “técnica” Salinas Pliego en su intento por quitarse de encima una ley contraria a sus intereses comerciales, pero altamente benéfica para los consumidores; el abonero la utilizó para no pagar impuestos y los consorcios promotores de la obesidad para impedir que sus chucherías dejaran de venderse en las escuelas. Sin embargo, en ambos casos se apestaron sus pretensiones, porque, a pesar de sus rabietas, el Riqui Riquín versión chavorruco (AMLO dixit) está pagando –en abonos no tan chiquitos– al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y las chatarreras se toparon con una pared conocida como Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La Jornada (Iván Evair Saldaña) lo reseñó así: “La SCJN avaló este martes la prohibición de vender comida chatarra en todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional, incluidas las universidades. El fallo rechazó los argumentos de empresas que alegaron, entre otras cosas, que los universitarios, al ser mayores de edad, pueden decidir libremente qué consumir. Por unanimidad, el pleno aprobó el proyecto de la ministra María Estela Ríos González,........

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