Según un Informe de enero de 2025 sobre la situación de la Vivienda Social en el Estado español, mientras en el año 2008 (crisis financiero inmobiliaria) se construían en España unas noventa mil viviendas protegidas, el año 2017 lo hacían menos de diez mil y aún en 2023 apenas superaban las diez mil[1]. Sobra decir que la demanda de vivienda asequible no hizo más que crecer a lo largo de estos años de salida de la Gran Recesión.

Me propongo cuantificar brevemente el déficit anual que debiera acometer una empresa pública de la vivienda (realmente 'socialista') que puntualmente, y para arranque del Plan, pudieran añadirse a las 40.000 viviendas que pasan de la SAREB a una Empresa Estatal de Vivienda y Suelo que se crea este año 2026. Porque ni para los trabajadores que se incorporan al sector público ni para muchos otros sectores (turismo, cuidados, dependencia, etc.) los promotores privados y los bancos son capaces (o tienen voluntad) de enfrentar una oferta adecuada en cantidades y precios[2].

En estos últimos años se ha hecho nueve veces menos esfuerzo que antes de la crisis en vivienda social lo que, a lo largo de estos últimos quince años ha provocado una bolsa de demanda[3] para la que es inviable la compra en el mercado libre (que en cualquier caso está bajo mínimos) con lo que se obliga a estos ciudadanos a caer en manos de la especulación de alquileres (condicionados por el mercado turístico) o aceptar opciones de infra viviendas (por habitaciones por ejemplo, nuevos chabolismos o 'nomadlands').

Un mercado aún más tensionado si cabe por la no remuneración del ahorro en el sistema bancario lo que, en consecuencia, incentiva la inversión especulativa en vivienda (por ejemplo de........

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