La Alcaldía de Carlos Fernando Galán radicó en el Concejo de Bogotá, para su discusión y aprobación, el Proyecto de Acuerdo 256 de 2025 el cual tiene por objeto subsanar el error cometido por la exalcaldesa Claudia López en la creación de la Operadora Distrital de Transporte, “La Rolita”, con el que se ha puesto en riesgo su existencia. En campaña electoral y, en su momento, con tal de completar los votos para la aprobación de su Plan de Desarrollo, la exalcaldesa impulsó sin convicción y con afán esta propuesta que por años ha abanderado la izquierda, viciando su aprobación. Esto ha hecho que se abra el debate sobre la pertinencia de un operador público cuya existencia ya ha demostrado su altísima eficiencia en comparación con los operadores privados, razón por la que, incluso la actual Administración neoliberal, ha tenido que reconocer su importancia para intentar ratificar su existencia. 

Debate no menor pues, como todas y todos sabemos, el Sistema Integrado de Transporte Público-SITP de Bogotá, compuesto por sus componentes zonal, troncal y el cable, anualmente está generando un déficit financiero que impulsa al alza del pasaje y que le cuesta al Distrito más de $3 billones, estos cubiertos a través del Fondo de Estabilización Tarifaria-FET. Por su parte, el Estudio Demostrativo que sustenta el mencionado Proyecto de Acuerdo, revela que la operación pública estatal del sistema resulta ser una solución estratégica para disminuir significativamente o incluso acabar dicho déficit. Esto alivianaría la carga que los usuarios y el Distrito hoy asumen cubriendo la alta rentabilidad y las ganancias de la operación privada, y permitiría liberar el recurso para aumentar los subsidios y avanzar hacia la tarifa 0 (gratuidad) del transporte público con tal de garantizarlo como derecho para toda la ciudadanía, solución real y definitiva al tema de los colados.   

Con el artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020 (Plan de Desarrollo de Claudia López) se autorizó a la Alcaldía para participar en la creación de una sociedad por acciones con el concurso de entidades públicas. Posteriormente, con el Decreto 188 de 2021, se autorizó a Transmilenio SA constituir la Operadora Pública de Transporte bajo una sociedad por acciones simplificada cuyo único accionista sería Transmilenio. De este modo fue como, a través de documento privado incorporado en un contrato de sociedad, Transmilenio constituyó La Rolita en calidad de accionista único. Acorde con la orientación de Claudia López, la empresa no alcanzó a nacer cuando ya empezó a privatizarse. Así, el 28 de noviembre de 2022, la asamblea de accionistas aprobó la emisión y colocación de 2.500 acciones ordinarias, adquiridas por Enel Colombia. En consecuencia, desde el 31 de diciembre de 2022, La Rolita tiene dos accionistas: 1. Transmilenio con el 80% y 2. Enel con el 20%, pasando a ser una sociedad de economía mixta. 

En paralelo a este proceso, se instauraron un par de acciones de nulidad en contra del mencionado artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020. Declarada la nulidad de este acto de autorización en primera instancia, la Alcaldía apeló, pero la nulidad fue ratificada en segunda instancia por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el 23 de octubre de 2024. El motivo de la nulidad es que la Alcaldía no presentó un estudio demostrativo que soportara la iniciativa que derivó en la aprobación y expedición del acto de autorización para la creación de La Rolita.  

Por su parte, la actual Administración ha propuesto una interpretación y salida con la cual coincidimos. La sentencia no anula el contrato de sociedad, solo desaparece la capacidad jurídica que tenía Transmilenio para constituir La Rolita como una sociedad por acciones simplificada, creándose un vicio de incapacidad respecto del vínculo jurídico que tiene Transmilenio con La Rolita, pero no del vínculo de esta con Enel. En ese sentido, dicho vicio de incapacidad relativa es susceptible de ser subsanado si el Concejo........

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