1.-La necesidad de viviendas públicas. El tratamiento del problema de la vivienda es el mismo por gobiernos conservadores, liberales y socialdemócratas. Todos hablan, prometen, pero a la hora de la verdad prefieren comprar terrenos para actividades que benefician al sector privado.  Estamos hartos de ver como los gobiernos en la monarquía borbónica organizan el mercado inmobiliario para satisfacer los intereses de la oligarquía constructora.

La cuestión habitacional aparece como uno de los principales problemas sociales del país, teniendo una repercusión importante en el empleo, la natalidad, la salud mental, la educación, la igualdad de oportunidades y en la propia cohesión social. Desde hace años, los gobiernos vienen elaborando planes estatales de la vivienda que no tienen una repercusión real en la vida social, política imprescindible para que la gente se asiente y no se vaya de los pueblos. En este sentido, urge que se dicten medidas para favorecer que el suelo pase a ser público, y los ayuntamientos puedan dotarse de un adecuado parque público de vivienda, fenómeno imprescindible para mejorar las condiciones de vida de la población trabajadora y de sectores populares.

Extremadura como otras comunidades del estado no posee viviendas públicas ni perspectivas de tenerlas para responder a las necesidades existentes, condicionando una situación que limita la capacidad de intervención de las administraciones; no sólo a la hora de construir para el alquiler social a precios asequibles; también, impide la aplicación efectiva de medidas que podían tener una influencia importante en el acceso habitacional como las ayudas al alquiler.   Otro grave problema que reduce las posibilidades de acceso a los estudios universitarios a los sectores sociales más débiles económicamente es la falta de residencias universitarias públicas y gratuitas para estudiantes universitarios y trabajadores, esta cuestión determinaría la liberación de un número importante de viviendas con influencia en los precios del alquiler. Otras políticas urgentes en materia de viviendas, sería la limitación de la expansión de las viviendas turísticas, recuperar inmuebles en manos de entidades bancarias y grandes tenedores dirigidas a garantizar alquileres estables y asequibles, y la paralización de los desahucios sin alternativa habitacional, ninguna familia debería perder su vivienda sin disponer previamente de una solución digna.  En resumen, cada día son muchas y muchas familias las que están comprobando que la vivienda no es un derecho básico material como señala la Constitución Burguesa y Monárquica que tenemos desde 978, sino que es una mercancía subordinada a la lógica del negocio, de la rentabilidad y la especulación en manos de la oligarquía financiera.

2.- El rechazo a los inmigrantes. En estos días cínica e hipócritamente salta a la superficie la realidad de la Europa democrática, la Europa de los derechos, la del humanismo occidental y cristiano:  en estos días cuando entra en vigor el Pacto de Migración y........

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