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Unidad: ¿soflama o concepto y acción?

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21.10.2026

La unidad no se proclama desde una tribuna: se demuestra en la calle, en las luchas compartidas y en la capacidad de anteponer los derechos colectivos a los intereses particulares.

La palabra unidad se ha convertido en una de las expresiones más repetidas del discurso político. La pronuncian dirigentes, portavoces y partidos que apelan a la necesidad de unir fuerzas para hacer frente a los problemas de la mayoría social. Sin embargo, conviene hacerse algunas preguntas: ¿de qué unidad estamos hablando? ¿De una unidad construida desde abajo, basada en objetivos compartidos, o de una consigna utilizada para mantener estructuras de poder, cuotas de representación y posiciones institucionales?

Porque una cosa es hablar de unidad y otra muy distinta practicarla.

Cuando la unidad se convierte en una disputa por los sillones

En el panorama político español hemos asistido, una vez más, a desacuerdos entre partidos que, al menos sobre el papel, dicen defender objetivos semejantes. Se habla de convergencia, de candidaturas comunes, de sumar fuerzas y de construir alternativas. Pero, cuando llega el momento de concretar esos llamamientos, aparecen las discrepancias sobre quién debe encabezar las listas, qué organización debe tener más peso, quién ocupará los puestos de salida y qué dirigentes conservarán sus responsabilidades institucionales. Entonces, la unidad deja de girar en torno a un programa compartido y comienza a organizarse alrededor del reparto de posiciones.

No se trata de negar que existan diferencias ideológicas legítimas, debates estratégicos o desacuerdos sobre cómo afrontar los problemas sociales. La pluralidad es necesaria y el debate democrático resulta imprescindible. El problema aparece cuando las diferencias dejan de discutirse en función de los objetivos colectivos y se convierten en una pugna por preservar el espacio propio, la influencia de cada aparato y la continuidad de determinados dirigentes en el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y otras instituciones públicas.

Las instituciones son necesarias para defender derechos, aprobar leyes y administrar los recursos públicos. La representación política no es, por sí misma, un privilegio ilegítimo. Pero tampoco puede convertirse en un fin en sí mismo. Los cargos públicos tienen sentido cuando sirven a la ciudadanía, no cuando la ciudadanía parece existir únicamente para sostener las carreras políticas de quienes la representan.

Los sueldos públicos y los recursos institucionales deben estar al servicio de la sociedad. Por eso, quienes ocupan responsabilidades de representación tienen la obligación de rendir cuentas de sus decisiones, sus compromisos y sus resultados.

La pregunta es inevitable: ¿Qué ocurre cuando la necesidad de conservar una posición institucional pesa más que la voluntad de construir una respuesta común a los problemas de la mayoría?

Cuando esto sucede, la palabra unidad corre el riesgo de convertirse en una simple soflama: un recurso retórico que se repite en los discursos mientras las prácticas cotidianas reproducen las divisiones que supuestamente se pretende superar.

¿De qué sirve proclamar la unidad si, cuando llega la hora de los acuerdos, pesan más los puestos que los programas, más los intereses de las direcciones que las necesidades de la gente y más el futuro político de determinados dirigentes que el futuro de los derechos sociales?

Las organizaciones sociales: la unidad se demuestra andando

Frente a estas dinámicas, existe una experiencia que merece ser observada: la de numerosas organizaciones sociales, plataformas ciudadanas y colectivos que, desde ámbitos diferentes, son capaces de encontrarse en la defensa de derechos concretos.

Pensionistas, trabajadores, organizaciones feministas, plataformas en defensa de la sanidad y la educación públicas, colectivos por el derecho a la vivienda, asociaciones vecinales, organizaciones antirracistas, movimientos ecologistas y grupos solidarios con los pueblos que sufren guerras y opresión no tienen por qué compartir todas sus ideas, estrategias o análisis. Y, sin embargo, pueden caminar juntos.

Cuando una organización convoca una movilización para defender un derecho amenazado, otras pueden comprender que esa reivindicación no pertenece exclusivamente a quienes la convocan. Si están en juego unas pensiones dignas, una sanidad pública de calidad, el derecho a la vivienda o la defensa de las libertades, la respuesta puede superar las fronteras de cada organización.

La organización convocante pone sobre la mesa una reivindicación y abre un espacio de participación. Las demás deciden acompañarla, aportar sus fuerzas y contribuir a que la movilización tenga mayor alcance. Cada colectivo conserva su identidad, sus principios y su autonomía, pero reconoce que hay objetivos comunes que merecen un esfuerzo compartido.

Esto es entender la unidad como una práctica y no como una consigna.

No hace falta que todas las organizaciones adopten el mismo nombre, compartan una dirección única o renuncien a sus diferencias. Tampoco es necesario que una se imponga sobre las demás. Basta con identificar qué derecho se defiende, cuál es el objetivo de la convocatoria y qué puede aportar cada cual para conseguirlo.

La unidad social no exige uniformidad. Exige voluntad de cooperación, respeto mutuo y compromiso con las causas comunes.

No se trata de que cada organización........

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