La Guerra del Pacífico (1879-1884), conflicto bélico que enfrentó a Chile contra la alianza formada por Bolivia y Perú, constituye uno de los eventos más trascendentales y debatidos de la historia sudamericana del siglo XIX. Para cierta historiografía —representada fundamentalmente por autores como Gabriel Salazar, Hernán Ramírez Necochea, Julio Pinto, Luis Vitale, etc. — este conflicto no se reduce a una disputa fronteriza o a un incidente diplomático aislado, sino que se inserta en un proceso más amplio de expansión capitalista, dominación oligárquica y apropiación de recursos naturales estratégicos. A diferencia de las interpretaciones oficiales y tradicionales, que suelen presentar la guerra como una defensa de la soberanía nacional chilena o como un conflicto motivado por incumplimientos de tratados por parte de los países aliados, la perspectiva crítica analiza el fenómeno desde sus raíces estructurales, es decir, la configuración económica de la región, los intereses de las clases dominantes y la injerencia de potencias extranjeras.

I. Causas estructurales: Capitalismo, oligarquías y disputa por los recursos naturales

1. La configuración económica de Chile y el modelo de crecimiento dependiente

Para Hernán Ramírez Necochea, uno de los padres de la historiografía marxista chilena, la causa fundamental de la Guerra del Pacífico se encuentra en el modelo de desarrollo económico adoptado por Chile tras su independencia. En su obra Historia del imperialismo en Chile, Ramírez Necochea sostiene que, desde mediados del siglo XIX, la economía chilena se basó en la exportación de materias primas —primero el trigo y el cobre, y luego el salitre— y en la dependencia de mercados y capitales extranjeros, principalmente británicos. La oligarquía terrateniente y minera, que controlaba el poder político y económico, necesitaba ampliar sus fuentes de riqueza para mantener su posición dominante, y los yacimientos de salitre ubicados en la región de Tarapacá (Perú) y el departamento del Litoral (Bolivia) representaban una oportunidad sin precedentes.

Gabriel Salazar, por su parte, profundiza en el papel de las clases dominantes en Chile. Según él, la oligarquía chilena no era un bloque monolítico, sino que agrupaba a terratenientes del valle central, comerciantes de Valparaíso y empresarios mineros del norte, todos unidos por el interés común de acceder a recursos que no estaban bajo su control directo. A mediados de la década de 1870, la economía chilena atravesaba una crisis… La caída de los precios del trigo en el mercado internacional y el agotamiento de algunos yacimientos mineros tradicionales generaban presiones para buscar nuevas fuentes de ganancia. El salitre, utilizado como fertilizante y materia prima para la industria química europea, tenía una demanda creciente y precios altos, lo que lo convertía en el «oro blanco» de la época.

Asimismo, Julio Pinto añade que el Estado chileno controlado por esta oligarquía, actuó como un instrumento para facilitar la expansión económica. Las políticas gubernamentales se orientaron a favorecer a los empresarios salitreros chilenos, que ya operaban en territorios bolivianos y peruanos, y a presionar a estos países para obtener concesiones más favorables. En este sentido, la guerra no fue un accidente, sino una estrategia deliberada para asegurar el control exclusivo de los yacimientos salitreros.

2. Tratados previos: Límites, acuerdos fiscales y el carácter instrumental de los pactos diplomáticos

Para la historiografía crítica, los tratados firmados entre Chile y Bolivia antes de la guerra no fueron acuerdos equitativos, sino instrumentos que la élite chilena utilizó para consolidar su presencia económica en zonas que luego se anexionaría. El primer pacto fundamental fue el Tratado de Límites de 1866, que estableció la frontera entre ambos países en el paralelo 21° sur. Según este acuerdo, Bolivia conservaba la soberanía sobre el territorio del Litoral (hasta el paralelo 21°), pero se estableció una zona de coparticipación fiscal entre los paralelos 23° y 25° sur: ambos países compartirían por igual los ingresos por derechos de exportación de minerales extraídos en esa franja, donde ya operaban numerosas empresas chilenas y británicas. Sin embargo, Ramírez Necochea destaca que este tratado no resolvió la disputa, sino que la aplazó, ya que la definición de los límites geográficos quedó imprecisa y la coparticipación fiscal beneficiaba más a los empresarios chilenos, que concentraban la producción minera en la zona.

El segundo acuerdo clave fue el Tratado de 1874, que modificó el de 1866 y fijó definitivamente la frontera en el paralelo 24° sur. Este pacto incluyó dos cláusulas determinantes: por un lado, Bolivia se comprometía a no aumentar los impuestos a las empresas chilenas establecidas en su territorio del Litoral por un plazo de 25 años; por otro lado, Chile renunciaba a la coparticipación fiscal en la zona, a cambio de garantizar la estabilidad tributaria para sus inversores. Para Julio Pinto, la oligarquía chilena logró blindar sus ganancias mediante un tratado internacional, reduciendo al Estado boliviano a un simple administrador de un territorio que, en la práctica, era explotado por capitales extranjeros. Bolivia, por su parte, firmó el tratado ante la debilidad de su posición económica y militar, pero con la esperanza de atraer más inversiones, algo que no ocurrió, ya que los capitales se quedaron bajo el control de grupos ya establecidos.

En el caso de Perú, el Tratado de Alianza Defensiva de 1873 firmado con Bolivia fue, según la perspectiva crítica, una respuesta a la creciente presión chilena, pero también un reflejo de la debilidad de las élites peruanas, que veían amenazado su control sobre los yacimientos de Tarapacá. No existían tratados fronterizos conflictivos directos entre Chile y Perú antes de la guerra, pero sí disputas por la influencia económica: la nacionalización peruana de los salitres en 1873 rompió con la lógica de libre explotación que Chile defendía, ya que el Estado peruano pasó a cobrar impuestos más altos y a regular la producción, medidas que afectaron directamente los intereses de los empresarios chilenos y británicos que operaban en la zona.

3. La situación de Bolivia y Perú: Debilidad estructural y nacionalización de la riqueza

Para entender el estallido del conflicto, es necesario analizar también la realidad de los países aliados. Según Ramírez Necochea, Bolivia y Perú compartían características estructurales que los hacían vulnerables a la expansión chilena: economías dependientes, Estados débiles y oligarquías divididas que no lograban articular un proyecto nacional autónomo.

En el caso de Bolivia, el litoral pacífico —que incluía el departamento de Antofagasta— era una región periférica, escasamente poblada y poco integrada al resto del país. Aunque Bolivia reclamaba su soberanía sobre el territorio desde su independencia, no contaba con los recursos ni con la capacidad administrativa para explotar sus riquezas mineras. En consecuencia, permitió que empresarios chilenos y británicos instalaran empresas salitreras en la zona, bajo condiciones que les otorgaban amplios privilegios. Sin embargo, a mediados de la década de 1870, el gobierno boliviano, enfrentado a una crisis fiscal y presionado por sectores nacionalistas, decidió aumentar los impuestos a las empresas extranjeras —específicamente, cobrar 10 centavos por quintal de salitre exportado— medida que, según la interpretación chilena, violaba el Tratado de 1874. Para la historiografía crítica, esta medida no fue la causa real de la guerra, sino un........

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